ellos quieren la cruz

La Iglesia Católica convocó a una comisión de juristas para evaluar la posibilidad de impugnar el decreto que obliga a mutualistas a asesorar sobre abortos en condiciones de riesgo. La directiva del Círculo Católico no quiere ir por ese camino.

El decreto reglamentario de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que obliga a las mutualistas y hospitales públicos a asesorar a la mujer sobre el aborto provocado en condiciones de riesgo, motivó la reacción de la Iglesia Católica que pretende recurrir la norma para que ésta no se aplique en la mutualista Círculo Católico, de la cual el arzobispo de Montevideo, monseñor Nicolás Cotugno, es su presidente honorario.

Mañana lunes, el arzobispo convocará en carácter de "grave y urgente" a la Comisión Eclesial de Ética y Bioética para analizar la situación y evaluar la posibilidad de impugnar el decreto. Luego le trasladará los resultados de esta iniciativa a la dirección del Círculo Católico para que sea puesta en consideración. Esto ocurre al tiempo que una asamblea de socios de esa mutualista se reunió para discutir una eventual modificación de la carta orgánica del Círculo Católico para adecuarla a las obligaciones que impone el decreto. Además, Daniel López Villalba, presidente del Consejo Directivo del centro asistencial, dijo a El País que la institución está en una actitud de apertura hacia las directivas legales del Poder Ejecutivo y descartó la idea de la impugnación.

Comunicado. Sin embargo, en un comunicado emitido por la Iglesia Católica titulado "Libertad religiosa y respeto de la vida", Cotugno señala que como presidente honorario del Circulo Católico le corresponde por estatutos "velar para que la institución ajuste sus actos a los principios evangélicos y a los documentos del Magisterio de la Iglesia" y exhorta a "todos los integrantes de la institución a perseverar, de acuerdo a la tradición, en la fidelidad a su identidad. No olvidando que los estatutos en el artículo 1° nos recuerdan que la institución es- tá sustentada en el espíritu cristiano y en el artículo 4° nos señala que debemos difundir -fieles al mensaje de Cristo- el más amplio espíritu de solidaridad entre todos y cada uno de los asociados".

El comunicado agrega que el decreto en cuestión "nos estaría diciendo que el Estado puede obligar a las instituciones que han sido fundadas sobre valores radicalmente respetuosos de la vida humana a que traicionen esos mismos valores, sin importar el sentir de sus fundadores, directivos y asociados".

Y señala que esa traición a los valores se puede dar ya sea "procediendo directamente a quitarle la vida al no nacido, sea participando en ella con actos de colaboración secundaria o de asesoramiento; asesorando, por ejemplo, con el uso del Misoprostol, por todos conocido como fármaco utilizado, entre otras cosas, para facilitar el aborto".

Las autoridades sanitarias han explicado que con esta normativa el gobierno procura proteger a la mujer y reducir daños en casos de aborto.

Cotugno admitió a El País que ese fin primario "es en sí algo positivo", pero aclaró: "Es negativo el hecho de que se tenga que llegar al aborto; si uno hace algo malo, que sea lo menos malo posible, pero no justifica para nada la acción. La acción en sí es negativa y penalizada por la conciencia y la propuesta de valores que vienen de la fe católica", dijo.

Derecho. En el texto del comunicado se destaca que el ordenamiento jurídico ampara el derecho a la libertad religiosa. Agrega que el mismo decreto invita a no discriminar y a tomar en consideración las diversidades que se pueden dar en el orden social, ideológico y religioso. "El Estado en sus normas no puede desconocer el pluralismo que existe en la sociedad; por lo tanto tiene que prever que haya en el ámbito de la salud mutualistas que ofrezcan a los usuarios lugares don- de acudir que recojan sus propias convicciones", sostiene. (Producción: José Luis Álvarez, San José).

Critican "ataque" a la patria potestad
El artículo de la recientemente reglamentada ley que regula los derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios de la salud que establece el derecho a la intimidad de los adolescentes en la consulta con un médico, continúa generando polémica.

La Asociación Familia y Vida emitió un comunicado en el que denuncia que constituye un "ataque grave e injustificado a la patria potestad"; el legislador blanco Gerardo Amarilla realizó un pedido de informes al parlamento, y unos 15 profesionales presentaron un recurso de anulación.

La norma garantiza el derecho a la intimidad, servicio y tratamiento confidencial que los adolescentes pueden exigirle al médico.

El comunicado de la Asociación Familia y Vida señala que la norma incurre en "flagrante ilegalidad" porque transgrede normas del Código Civil y del Código de la Niñez y Adolescencia.

Según el artículo 258 del Código Civil los padres dirigen la educación de los hijos y los representan en todos los actos civiles. Además, señala que el Artículo 16 literal E del Código de la Niñez y Adolescencia establece co-mo deberes de los padres respecto de sus hijos el "prestar orientación y dirección para el ejercicio de sus derechos". "En estas disposiciones se detecta la tendencia a debilitar la patria potestad", dice el comunicado.