La decisión tomada es no derogar ni anular la ley sino tomar el camino de una ley interpretativa.
Esa ley dirá explícitamente que las normas internacionales sobre derechos humanos están por encima de las leyes nacionales y generará condiciones para la reapertura de casos archivados por la Ley de Caducidad.
“(Se busca) un sistema para que haya plena vigencia del ordenamiento constitucional uruguayo, de la normativa internacional de la que Uruguay es parte. Sería una ley interpretativa, tiene que ser una ley en la que se recojan los principales elementos del sistema internacional en materia de Derechos Humanos”, explicó Almagro.
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