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lunes, 26 de marzo de 2012

una palabra llamada racismo


El asesinato de un joven negro a manos del jefe de una patrulla vecinal conmocionó a Estados Unidos.
Florida aprobó en 2005 una ley que responde a la saturación policial por el aumento de delitos y habilita a los civiles a enfrentarse, incluso con un arma, a situaciones amenazantes. En esa norma se amparó el jefe de una patrulla vecinal para asesinar a un joven negro de 17 años, que estaba desarmado.
Trayvon Martin estaba en la casa de una amiga de su padre. Fue a un comercio cercano y compró una bolsa de caramelos y un refresco. Cuando volvía a la casa, lo vio George Zimmerman, un hispano de 28 años, que era jefe de una patrulla vecinal y estaba armado. Llamó a la Policía porque había “un tipo muy sospechoso”. Les dijo: “Parece que está acá para crear problemas, parece que está drogado o algo [...] Creo que viene hacia mí, tiene algo en las manos, no entiendo qué hace, estos hijos de puta siempre se salen con la suya”. En simultáneo, Martin hablaba con su novia y le decía que estaba asustado porque lo estaban siguiendo. Ella dijo luego que escuchó un forcejeo y oyó a su novio pedir ayuda. Con ella coincidió una vecina, que llamó a la Policía para alertar de que había escuchado un grito pidiendo auxilio seguido de un disparo.
Cuando la Policía llegó, Martin, un afroamericano de 17 años, yacía boca abajo con un balazo en el pecho. Su novia fue hospitalizada un rato después, tras enterarse de que había sido la última persona en hablar con él. No se presentaron cargos contra Zimmerman, que quedó libre tras alegar defensa propia, amparándose en la ley de 2005.
Hoy se cumple un mes de la muerte de Trayvon. Las protestas por la impunidad en este crimen empezaron convocadas por activistas locales y llegaron a religiosos y legisladores, como Federica Wilson. “Basta de discriminación racial. Estoy harta de luchar cuando las pruebas son tan claras [...] Se acabó el esconder los crímenes por discriminación racial al invocar la defensa propia”, reclamó Wilson en la Cámara de Representantes en Washington. El Caucus de Legisladores Afroamericanos del Congreso también se movilizó y se reunió con el fiscal general estadounidense, Eric Holder, para respaldarlo en su decisión de que el Departamento de Justicia haga una investigación sobre lo sucedido y sobre la actuación policial.
En las redes sociales circulan imágenes de perfil con personas con la capucha puesta, como la que tenía Martin esa noche; en las protestas la gente sacude paquetes de caramelos Skittles y refrescos, ese “algo” que Martin tenía en las manos cuando recibió el disparo de Zimmerman. También se mostraron con camperas con capucha puesta los jugadores del equipo de básquetbol Miami Beat, así como cientos de integrantes del movimiento Ocuppy Wall Street que se sumaron a las protestas.
Hasta el presidente Barack Obama protestó por el caso: “Si yo tuviera un hijo, se parecería exactamente a él”, dijo antes de especificar que estaba teniendo mucho cuidado para no ser acusado de intentar interferir con la investigación.
Bill Lee, el jefe de Policía de Sanford, la localidad de Florida donde el joven fue asesinado, renunció a la investigación en los últimos días de febrero. Se lo considera el principal responsable de la liberación de Zimmerman y su dimisión era reclamada en las protestas, que se sucedieron, además de en Florida, en Nueva York, Chicago y Washington.
Zimmerman reconoció en la conversación telefónica con la Policía que estaba persiguiendo al joven, la agente le dijo que no era necesario, que un patrullero estaba en camino, pero él continuó. Ése es uno de los principales argumentos que se esgrime contra su declaración de defensa propia; otro es que se escuchó a Martin pedir ayuda. El crimen, además de revivir denuncias de racismo -quienes han accedido a la grabación de la conversación entre Zimmerman y la Policía aseguran que utilizó términos racistas para dirigirse a Martin-, puso en tela de juicio las potestades de las patrullas vecinales, habituales en Estados Unidos.
La ley aprobada en 2005 en Florida -y luego adoptada por unos 20 estados- otorga a los ciudadanos la libertad de actuar en defensa propia, incluso empleando un arma, y anula una disposición anterior que los obligaba a intentar huir de la amenaza. Esta ley colabora con que las patrullas ciudadanas se excedan en sus funciones, que deberían limitarse a alertar a la Policía, dijo el director del programa de esas patrullas en la Asociación Nacional de Jefes de Policía, Chris Tutko, a la agencia de noticias AP. Tutko recordó que los grupos de protección son -o deberían ser- monitoreados por la Policía, por lo que en última instancia son su responsabilidad, y señaló que no deberían portar armas, porque “si uno lleva un arma, va a sacarla”.

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