fabrica de pesadillas

Una investigación en Chile reveló cómo fueron detenidas y ejecutadas 19 personas durante la dictadura.

CPMC son las siglas de una empresa forestal chilena por cuyo directorio pasaron presidentes y ministros, entre otros dirigentes políticos, y que actualmente tiene fábricas en toda América Latina. Una investigación judicial reveló que durante la dictadura chilena confeccionó una lista de "activistas" que trabajaban para la empresa, que fueron detenidos y ejecutados por carabineros una semana después del golpe de Estado en setiembre de 1973.

Los 300 trabajadores de una planta de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CPMC), en la ciudad de Laja, terminaron su jornada laboral un día de setiembre de 1973 para encontrarse con los carabineros esperándolos. Los hicieron formar fila y detuvieron a varios de ellos, que habían sido señalados como "activistas" en una lista brindada por el superintendente de la planta, Carlos Ferrer, y el jefe de personal, Humberto Garrido.

Una vez identificados, los "activistas" fueron llevados a golpes y a punta de fusil al edificio en el que funcionaba la policlínica de la empresa, donde fueron torturados. Luego los llevaron a un cuartel, en micros facilitados por CPMC, en el que ya se encontraban otros trabajadores de la empresa que habían sido detenidos en sus casas.

Los nombres de los 14 empleados que fueron ejecutados el 18 de setiembre de 1973 estaban en la lista negra que elaboró la forestadora, en la que identificó a militantes sindicales o partidos políticos de izquierda. CPMC además dio apoyo y financiamiento a los policías que ejecutaron a sus trabajadores, e incluso, horas antes de la ejecución, les envió decenas de botellas de pisco.

Las detenciones se realizaron entre el 11 de setiembre, día del golpe de Estado contra Salvador Allende, y el 17 de ese mes, y además de los trabajadores incluyeron a dos estudiantes de secundaria y dos directores de escuelas. En un pequeño calabozo, los detenidos eran torturados mientras se sumaban más personas que, en muchos casos, llegaban voluntariamente al enterarse de que las estaban buscando.

El cabo retirado Samuel Vidal Riquelme fue el primero en relatar a la Justicia, en junio de 2011, que cuando en la tarde del día 18 llegaron al cuartel les ordenaron "beber pisco en abundante cantidad", después sacar a los detenidos de los calabozos, atarlos y subirlos al micro de la forestadora, que quedó en posesión del cuartel y nunca fue reclamado. Los hicieron cavar una zanja profunda y parar a los prisioneros de espaldas a ellos, de frente a la zanja. Algunos cabos quisieron negarse a disparar: "Todos estábamos muy alterados, pero igual cuando el oficial dio la orden, procedimos a disparar. Todos disparamos, y cuando digo todos, incluyo al teniente (retirado, Alberto) Fernández Michell", contó Vidal. Al volver a la base, volvieron al pisco, y allí acordaron el pacto de silencio, según figura en el expediente judicial al que accedió el Centro de Investigación e Información Periodística (Ciper Chile) para publicar una investigación sobre las ejecuciones.

Por eso los primeros intentos de la Justicia de develar lo que había sucedido quedaron en la nada, hasta que la causa fue cerrada a fines de 1981. A los familiares de los ejecutados y a la Justicia les dijeron que los habían trasladado a otro centro de detención. La mentira perduró hasta que los cuerpos fueron encontrados e identificados en 1979.

En 2010 la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos y un programa del Ministerio del Interior solicitaron la reapertura de la causa. El año pasado se emitió una orden de detención para 14 de los 17 carabineros involucrados en la ejecución -los otros tres ya fallecieron-; nueve de ellos fueron procesados por homicidio, al igual que el teniente retirado Fernández, y uno por encubrimiento. Otros tres -que estuvieron de guardia ese 18 de setiembre y no se enteraron de lo sucedido hasta después- fueron sobreseídos.

Todos los procesados están en libertad provisional tras pagar fianzas de entre 200 y 600 dólares.

La forestadora CMPC es controlada por el grupo Matte, en cuya fundación, Eliodoro Matte Pérez aseguró: "Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciable y vendible". En setiembre de 1973 la empresa era dirigida por el ex presidente Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964).

Al día de hoy la historia publicada en la web de la forestadora recuerda que durante el gobierno de Salvador Allende se anunció que sería expropiada. "En este contexto intervinieron las FFAA el 11 de septiembre de 1973", dice el texto y c"La Papelera se había salvado".