ley del demonio

l Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una de las organizaciones impulsoras del juicio que interpuso Macarena Gelman a nuestro país, instó a Uruguay a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y eliminar la Ley de Caducidad. Esta ONG entiende que no se admiten argumentos legales para evitar la anulación.
La ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) instó el viernes a nuestro país a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (corteIDH) y que elimine la Ley de Caducidad que evita juzgar a uniformados que violaron los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

La organización, una de las impulsoras del juicio que Macarena Gelman le interpuso a Uruguay en la corteIDH, rebatió en una carta los argumentos jurídicos empleados por los defensores de la Caducidad y confió en que el país encuentre "los caminos" para adecuar su legislación a lo exigido por el tribunal.

En la nota, dirigida al gobierno y a los legisladores uruguayos, la organización descartó que se puedan emplear argumentos legales como la soberanía estatal, la prescripción de delitos o incluso la existencia de dos referéndum populares que ratificaron la Ley de Caducidad para mantenerla dentro de la legislación.

Así, consideraron que Uruguay, al haber signado de forma soberana y voluntaria acuerdos internacionales como la Convención Interamericana de Derechos Humanos y aceptar la jurisdicción de la corteIDH, aceptó "reconocer y proteger" ciertos derechos que ahora el país no puede desconocer invocando "disposiciones de derecho interno".

Así, que la ciudadanía permitiera la existencia de la Ley de Caducidad no exime al Estado de la defensa de los derechos humanos y por lo tanto debería ser eliminada.

Además, el CEJIL recordó que los delitos que protege la Ley de Caducidad no son prescriptibles, al tratarse de crímenes de lesa humanidad, y que nadie correría el peligro de ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya que los criminales protegidos por la Ley no han recibido sentencia judicial en ningún momento.