El Ministerio del Interior pretende que unos 3.000 presos estén trabajando o liberados gracias a acuerdos con empresas públicas y a un plan de descongestionamiento. El comisionado parlamentario alerta sobre desmedido uso de la fuerza en cárceles.
"El trabajo y las liberaciones permitirán aflojar las tensiones durante este invierno al haber centenares de presos menos en las cárceles", dijo a El País el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Eduardo Pereira Cuadra.
El jerarca ministerial anunció que ya firmó un convenio con AFE para que internos desmalecen las vías de tren y los cruces con rutas nacionales en el interior del país en forma similar al plan piloto de reclusos que se desarrolla en Maldonado, Rocha y Canelones.
Agregó que la Cámara de Industrias, Ancap y UTE manifestaron su intención de concretar acuerdos parecidos al firmado por AFE y que permitirá que reclusos trabajen en obras de infraestructura.
Pereira Cuadra también señaló que los presos que tengan el perfil requerido para salir en libertad podrán participar en la construcción de viviendas del "Plan Juntos" mientras que los que no posean esos criterios, podrán trabajar intramuros construyendo puertas, ventanas, bloques y baldosas.
Estimó que los reclusos también podrán trabajar en la construcción de los tres parques eólicos proyectados en el país, los cuales demandarán la contratación de 360 presos.
"Aspiramos que unos 800 presos estén trabajando antes de fines de este año en el área metropolitana y en el interior del país. Una cantidad similar trabajando intramuros y unos 1.100 en libertad por haber cumplido dos tercios de su pena", explicó Pereira Cuadra.
Advirtió que para instrumentar planes de trabajo o las liberaciones de los reclusos será clave la categorización de internos que hace el Instituto Nacional de Criminología (Inacri).
VIOLENCIA. En los próximos días, el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, entregará su informe anual a la Comisión Parlamentaria de Seguimiento del Sistema Carcelario.
En líneas generales, el informe de Garcé señalará que cayó el ritmo de crecimiento de la población carcelaria en el 2010 en comparación con el año pasado y criticará las condiciones de atención sanitaria de los reclusos en los principales establecimientos con excepción del Comcar.
Además, manifestará su preocupación por el desmedido uso de la fuerza en Las Rosas (Maldonado) y Comcar en episodios ocurridos el año pasado.
Garcé, quien advirtió que no podía adelantar detalles concretos del informe, indicó a El País que el uso de la fuerza por parte de la guardia penitenciaria para descomprimir conflictos generados por los presos es su principal preocupación.
"Sigue estando pendiente cómo se usa la fuerza para encauzar un problema dentro de una cárcel", señaló.
Indicó que en el 2010 ocurrieron requisas "muy violentas" en Las Rosas y en el Com-car. "Además, en el Módulo III del Comcar hubo una respuesta sumamente violenta, ya que el 90% de los internos presentaba en sus cuerpos marcas de golpes con bastones compatibles con sus denuncias", dijo.
Otro tema que abordará Garcé en su informe será el aumento de la población carcelaria. El ritmo de crecimiento "es algo menor" si se compara el 2010 con 2009, dijo.
Indicó que ello se debe a dos factores: mayor número de procesamientos sin prisión con medidas sustitutivas y una posible caída de los delitos.
Con respecto a la atención médica en las cárceles, Garcé consideró que, en líneas generales, ha mejorado la atención sanitaria en el 2010 en comparación con años anteriores aunque diferenció el servicio brindado por Salud Pública de los médicos penitenciarios.
"La buena experiencia de Salud Pública en el Comcar deberá extenderse al penal de Libertad, Cabildo y Canelones", dijo Garcé.
Hogar Puertas: dan plazo a autoridades
Los trabajadores del Hogar Puertas resolvieron ayer otorgar un plazo de una semana a las autoridades del INAU para que disminuyan la superpoblación del centro o, en cambio, adoptarán medidas como ocupaciones, sistemas de cupos o paros.
En la asamblea de ayer, varios trabajadores mocionaron implementar movilizaciones de fuerza ante la situación. "Una funcionaria debe abrir celdas de cuatro por cuatro metros que alojan a 12 o 14 gurises. Hay funcionarios desbordados", dijo a El País el presidente del sindicato del INAU, José Lorenzo López.
En tanto, las autoridades del Instituto esperan que la apertura de dos hogares, con 80 plazas, descongestionará en parte el sistema.
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