No conformó a los sindicatos de la enseñanza la cumbre sobre educación porque a su juicio no se aportaron ideas innovadoras. Sostienen que se "criminaliza" a un sector de trabajadores. Rechazan el modelo mercantilista de la educación. La Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (Cseu), tras horas de reflexión y evaluación, emitió una declaración pública que refleja la disconformidad de los trabajadores con los resultados del encuentro educativo en Consejo de Ministros este lunes. "Las señales de la cumbre educativa no fueron en el sentido de un cambio profundo en la enseñanza", expresó a Ultimas Noticias Andrés Olivetti, miembro de la Asociación de Funcionarios de la ex Universidad del Trabajo (Afutu), actual Consejo de Educación Técnico Profesional.
Mediante comunicado público, la Cseu señala que los trabajadores de la educación "hemos denunciado sistemáticamente la crisis que aqueja al sector, y hemos planteado caminos para resolverla. Paradójicamente, no sólo no se han tenido en cuenta nuestras propuestas, sino que se nos acusa de ser ¡los responsables de la situación! Una inversión de responsabilidades que por mucho que se repita no es de recibo. Interpretamos estas acusaciones como una 'criminalización a un sector de trabajadores' con objetivos autoritarios, buscando chivos expiatorios para esconder el fondo de los problemas. A nada bueno conducen estos caminos".
RECLAMAN CAMBIO
En tanto, las soluciones de fondo pasan para los funcionarios por: "En vez de un frente político-social contra los trabajadores, debieran estrecharse las manos de estos, abriendo y respetando espacios participativos, revirtiendo lo ocurrido con el Congreso 'Julio Castro'" (2006) y abriendo nuevos ámbitos que los incluya.
Además, es necesario un cambio "cualitativo" en el presupuesto destinado a la educación para revertir las "endémicas malas condiciones del sistema", que lo ejemplifican con "no más de 20 estudiantes por grupo ni más de 20 horas aula por docente".
Entienden que se debería mostrar disposición a revisar la ley de Educación, atendiendo los reclamos sociales para revertir la injerencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación sobre los entes, la Administración Nacional de Educación Pública y la Universidad de la República. También reclaman el fin de la "criminalización" de los trabajadores y el "autoritarismo" del gobierno cuando no sigue las resoluciones del 1º Congreso Nacional de Educación (2006), cuando el ministro de Educación y Cultura expresa que llegará "al límite de la autonomía" para atender la educación, aspecto que el propio ministro manifestó a Ultimas Noticias. Su intención es "coordinar y articular esfuerzos, sin violar la autonomía de los entes de la enseñanza".
Por último, sostienen que sería conveniente "alejarse de la 'eficiencia economicista' apostando a contribuir desde la educación a la lucha contra la fragmentación y exclusión social, en el sentido de una formación general integral y crítica de las futuras generaciones", respondiendo a las declaraciones del vicepresidente de la República, Danilo Astori, y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, cuando manifestaron que la educación está en una situación de emergencia y se debieran exigir indicadores acorde al presupuesto otorgado en distintas instancias durante la elaboración del Presupuesto quinquenal.
"Mucho ruido y pocas nueces", esa fue la conclusión el encargado de asuntos nacionales de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera. Las propuestas de concentrar las horas docentes en un solo centro educativo y el pasaje de grado por la vía de concurso acorde a los méritos académicos "fue sugerida por el consejero Daniel Guasco, representante de los docentes en Secundaria; no es nueva", criticó, y antes había sido sugerida por las Asambleas Técnico Docentes, por lo cual demandó un espacio de intercambio.
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