continente hostil

a organización Human Rights Watch (HRW) reprobó en diferente medida el desempeño de los países latinoamericanos en materia de derechos humanos en 2010, en especial por la acción de gobiernos como los de Cuba y Venezuela, y del crimen organizado en México y Guatemala.

En su informe anual, presentado en Bruselas este lunes, la ONG también denuncia la violación de garantías tanto por fuerzas estatales como ilegales en Brasil y Colombia, así como también recoge la preocupación que existe en Argentina, Bolivia y Ecuador por la libertad de expresión a raíz de leyes de regulación de medios.

Human Rights Watch juzga como "precaria" la situación de derechos humanos en Venezuela debido a "la dominación por parte del gobierno venezolano del poder judicial y el debilitamiento de los controles y equilibrios democráticos".

"Sin control judicial sobre sus acciones, el gobierno del presidente Hugo Chávez ha minado sistemáticamente la libertad de expresión y prensa, la libertad de los trabajadores a asociarse y la capacidad de los grupos defensores de los derechos humanos" de realizar su trabajo, agrega.


Asimismo, cuestiona el panorama en Cuba, que a su juicio "sigue siendo el único país de América Latina que reprime casi todas las formas de disidencia política".

"En 2010, el gobierno continuó imponiendo el discurso único a través de procesos penales, palizas, el acoso, la negación de empleo y restricciones de viaje", observa.

La ONG también denuncia la situación en México, donde muchos de los problemas de derechos humanos provinieron "de enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad del Estado y la delincuencia organizada, así como los enfrentamientos entre grupos criminales".

"El Ejército mexicano continúa cometiendo graves abusos en las operaciones de seguridad pública. Sin embargo, los responsables prácticamente nunca rinden cuentas", indica HRW en su informe.

Además, menciona el caso de los "cientos de miles de migrantes" que cruzan por México cada año en su viaje hacia Estados Unidos, y muchos de los cuales "son sometidos a abusos graves en la ruta que incluyen el asalto físico y sexual, la extorsión y el robo".

Human Rights Watch también critica el desempeño de Guatemala, donde según esa organización "las fuerzas del orden se han mostrado incapaces de contener a los poderosos grupos del crimen organizado y las pandillas criminales", lo que ha contribuido a que ese país tenga "una de las más altas tasas de crímenes" en el continente.

Asimismo, repasa el caso de Honduras tras el golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, y la llegada al poder a través de las urnas de Porfirio Lobo, quien creó una comisión de la verdad para investigar los hechos.

Sin embargo, "Honduras no ha hecho rendir cuentas a los responsables de las generalizadas violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de facto" que precedió al de Lobo, agrega.

Human Rights Watch también analiza la situación de Brasil, donde se refiere a la violencia policial como uno de los problemas más graves.

Sólo en el estado de Rio de Janeiro la policía fue responsable de 505 muertes violentas en el primer semestre de 2010, casi a un promedio de tres por día, señala en su informe.

También denuncia las condiciones inhumanas en las cárceles brasileñas, donde predominan la violencia y el hacinamiento. "El uso de tortura es un problema crónico en el sistema carcelario", según el documento.

Con respecto a Colombia, país con un conflicto armado de casi medio siglo, HRW da cuenta de "los graves abusos" en que siguen incurriendo las guerrillas izquierdistas y los grupos armados que sucedieron a los paramilitares de extrema derecha que se desmovilizaron.

Además "en los últimos años el Ejército de Colombia ha sido culpado por un alarmante número de ejecuciones extrajudiciales", recuerda HRW, y agrega que si bien hubo un descenso significativo de los casos en 2009 "el problema continúa".

En su informe anual, la ONG cuestiona asimismo a países como Chile -donde la "legislación antiterrorista se ha utilizado indebidamente" para sancionar delitos comunes de manifestantes indígenas-, o Perú, donde "ha habido varios incidentes en los que la policía" se ha excedido en el uso de la fuerza en el control de las protestas.