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jueves, 2 de septiembre de 2010

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Más allá de los buenos resultados obtenidos en la anterior administración, es fundamental para el gobierno que en este gobierno se consoliden las mejoras en la eficiencia recaudadora.

En la exposición de motivos del Presupuesto quinquenal se señaló que el plan de gobierno establece un conjunto de acciones de adecuación y reducción de impuestos tendientes a profundizar los objetivos planteados por la reforma tributaria sobre equidad, eficiencia y estímulo a la inversión productiva.

Para eso, estas medidas deberán ser compensadas por mejoras en la eficiencia de las oficinas recaudadoras.

Una de las claves para mejorar la eficiencia recaudadora del Estado son los Compromisos de Gestión, según consta en el texto del documento. Los mismos serán exigidos a “los principales organismos recaudadores”: la Dirección General Impositiva (DGI) y el Banco de Previsión Social (BPS) porque “para el período de gobierno que se inicia es necesario consolidar y profundizar mejoras”.

Según el documento, la DGI “ya acordó” con el Ministerio de Economía (MEF) “el compromiso 2010” que incluye “exigentes metas para los principales 25 impuestos que recauda el organismo”. Por su parte, el BPS “se encuentra trabajando en el tema” ya que “el objetivo es contar con un Compromiso de Gestión 2011” que vinculará “un componente variable en las remuneraciones del organismo al logro de metas institucionales y grupales”. Lo que se buscará con esto son mejores resultados administrativos y de gestión de los recursos.

El integrante del directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Ariel Ferrari, informó a Ultimas Noticias que el organismo elaborará un mapeo de riesgo para el control de la evasión y el informalismo. Mediante éste se buscará detectar tanto el informalismo en las empresas registradas, como así también la detección de aquellas que no están registradas. Para este mapeo, Ferrari explicó que se tomará como uno de los elementos al relevamiento de hogares continuos del Instituto de Estadística y Censo. “Sabiendo si los ciudadanos tienen seguridad social, permitirá ver las diferentes realidades y de acuerdo a eso presumir en qué departamentos y en qué sectores de actividad habrá que profundizar las políticas de fiscalización”, explicó el director del BPS.

Otro de los aspectos que también se continuarán tomando en cuenta son las denuncias tanto de evasión como de informalismo que recibe el BPS. También se apelará a las operaciones denominadas “rastrillo”, donde se inspecciona por zonas. Habrá fiscalización por zonas y también por departamentos. Además, el BPS tomará el promedio de los salarios por sector de actividad. “Si los promedios en algunos de ellos dan 19 jornales y se encuentra una empresa con 12… Eso no quiere decir que haya evasión, pero habrá controles”, explicó Ferrari.

“Lo que se plantea no es una mayor fiscalización, sino que sean de mejor calidad. Para eso se incorporarán herramientas este año, como parte de la política de fiscalización, para que sea más integral y efectuada en plazos más breves”, dijo Ferrari.

Todas las acciones previstas ya fueron aprobadas por el directorio del BPS y se llevarán a cabo este año, como manera de fortalecer los controles de evasión e informalismo.

Un aspecto no menor es la disminución de la evasión y el informalismo, conceptos que han reiterado las autoridades de los organismos y el jefe de la cartera de Economía, Fernando Lorenzo. En este sentido, el documento subraya que la baja del IVA estará acompañada de la implementación de mecanismos que permitan uan reducción de la evasión, favoreciendo la formalización de la economía, y procurando que la reducción impositiva se traduzca de manera efectiva en beneficios concretos para los consumidores”.

Además, se explicita que “en la medida que se alcancen las mejoras de eficiencia necesarias” se implementarán tanto la rebaja de dos puntos porcentuales del IVA como “la incorporación de nuevas deducciones en el Irpf” y la eliminación del Complemento de la Cuota Mutual, prevista para 2011.

FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE UTE

La Creación del Fondo de Estabilización Energética (FEE) fue establecida en el proyecto de ley del Presupuesto Quinquenal. El mismo pretende reducir el impacto negativo de los déficit hidráulicos sobre la situación financiera de UTE y sobre las finanzas públicas globales y no transmitir los costos al cliente mediante un aumento de tarifas.

El fondo que estará constituido en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) será gestionado por UTE. Ella será la encargada de depositar el capital necesario para su conformación. Hasta el momento, según informaron fuentes de la empresa a Ultimas Noticias, se lleva aportados U$S 150 millones. En el proyecto de ley se determinó que el fondo podrá tener depósitos hasta un máximo de UI 4.000.000.000 (cuatro mil millones de Unidades Indexadas). Es decir unos U$S 380.900.000.

El proyecto indica que “las reglas para el uso del FEE estarán regidas por criterios vinculados con las condiciones de hidraulicidad de las cuencas relevantes para la producción de energía eléctrica”.

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