lo maravilloso, ¿que vendrá después ?

El primer mes de funcionamiento en los 81 municipios del interior ha sido variado según el departamento y quienes fueron los alcaldes electos en mayo: mientras que muchos están todavía “aterrizando”, otros ya habían integrado las antiguas juntas locales, lo que les permite tener mayor conocimiento de la realidad y del vínculo con la intendencia. Éste es el caso de la alcaldesa de Chuy (Rocha), Mary Urse (Frente Amplio), quien fue presidenta de la Junta Local hasta el año pasado. Orgullosa, Urse dijo a la diaria: “Somos los que estamos más adelantados”, y que en los primeros días se tomaron decisiones para “gastar menos”.

Su colega de Tomás Gomensoro (Artigas), Alejandra Paz (Partido Nacional), tiene una experiencia similar, ya que era secretaria administrativa de la Junta Local. Ahora con su nuevo rol asumió como propias las carencias de la localidad: “Somos cuatro mil habitantes y tenemos un solo médico y no tenemos especialistas. Ahora al ser gobierno local tenemos que gestionar ante los responsables de los organismos para buscar soluciones”, señaló, recordando que con el anterior formato tenían “menos peso”. Otra de las gestiones que comenzó, luego de un incendio en el que murieron una mujer embarazada y tres niños, fue la de lograr que se instale un cuartelillo de Bomberos en la localidad. Aunque desde Bomberos se negó dicha posibilidad por falta de recursos, sí aceptaron capacitar a bomberos voluntarios y así entregar un camión autobomba para Tomás Gomensoro.

Otros alcaldes afirman que aún están “ordenando la casa” o “acomodando el cuerpo”. “Recién estamos viendo, atendiendo gente, trabajando en reuniones con los directores de división, es todo muy reciente”, contó la titular de Los Cerrillos (Canelones), Rosa Imoda (PN). Su colega de Vergara (Treinta y Tres), María del Carmen Muniz (PN), dijo que “de presupuesto no se habló nada”, pero sí que se procedió al cierre del matadero local por las “malas condiciones sanitarias” y por la “situación de gerenciamiento” tras la “pérdida monstruosa de 650 mil dólares durante el gobierno frenteamplista”. Ahora el matadero estará bajo su órbita y realizará un llamado a licitación para tercerizarlo.

Partida triste
La elaboración del presupuesto quinquenal está “muy verde” en general en todos los municipios. El Congreso de Intendentes ha organizado talleres para los alcaldes y concejales, y cada comuna organiza reuniones con los directores de Hacienda para marcar lineamientos generales. Por el momento, los responsables del tercer nivel de gobierno no han definido qué recursos pedirán y sólo se sabe que el gobierno nacional resolvió la transferencia de 560 mil pesos anuales para cada municipio, dato que todavía no manejaban muchos de los alcaldes.

En Río Branco (Cerro Largo), durante sus primeros días de gestión, Robert Pereira (Partido Colorado) colocó en exposición la maquinaria con la que la intendencia realiza trabajos para mostrar las “malas condiciones” en las que se encuentran, y mañana presentará en conferencia de prensa un informe contable “sobre cómo recibimos el municipio”. Pereira consideró que los 560 mil anuales “son un chiste, pero peor es nada”. “No me da ni para cubrir el 40% de gasto de combustible mensual y eso que para trabajar uso mi vehículo personal”, ilustró.

Añadió que está a la espera de que la junta apruebe un plan de adeudos porque de aquí a fin de año contarán sólo con “la recaudación propia”. “Está bueno que exista esa partida, pero es simbólica”, resumió Miguel Plada (PN), de Pan de Azúcar (Maldonado). “No da ni para el gasoil, pero si nos tiran miseria, miseria agarraremos”, coincidió Jesús Cenandés (FA), de Ciudad del Plata (San José). Para el maragato, esa partida, que es la misma para cada uno de los municipios, no es equitativa: “No seamos tan burócratas, en Punta del Este no tenés necesidades, acá falta todo”, dijo, y señaló que para adjudicar esos fondos se debería haber realizado un “relevamiento de las carencias” de cada zona.

La mayor preocupación de Cenandés es la juventud, a la que, según dijo, “hay que darle algo”, ya que no hay centros culturales o complejos deportivos. “Estamos trabajando con muy poquita cosa, una máquina sola, un camión y pocos funcionarios”, describió, pero recalcó que el intendente nacionalista, Juan José Falero, “ha dado buenas respuestas”. Para el presupuesto tiene pensado pedir 20 funcionarios más y “uno o dos” camiones.

No es lo mismo pero es igual
Sobre las competencias, el alcalde de Río Branco indicó que lo acordado con el intendente blanco Sergio Botana es, por ejemplo, que su municipio realice el desarrollo turístico en torno a la Laguna Merín y el seguimiento de algunas obras, aunque el financiamiento sea con rubros departamentales. El dinero municipal se destinará a obras de menor entidad, como alumbrado o servicios higiénicos. El alcalde de Quebracho (Paysandú), Mario Bandera (PN), relató que para él, dada su experiencia, no ha habido muchos cambios: “Sigo coordinando como antes cuando era secretario de la Junta Local”. “La diferencia es que ahora no tenemos un cargo de confianza, sino que fuimos electos y que tenemos algunas libertades administrativas. Pero en el fondo seguimos dependiendo del Ejecutivo”, afirmó.

“No te encontrás con muchas potestades más, tenemos más peso en las gestiones con el gobierno nacional porque no es lo mismo decir que llama el presidente de la Junta Local que el alcalde de Villa Constitución”, dijo desde Salto Sergio García (FA). El salteño saludó “el respeto” a las decisiones tomadas por el tercer nivel de gobierno del intendente Germán Coutinho, aunque aclaró que aún “no hay nada” definido en materia presupuestal.

En Sarandí del Yi (Durazno), Mario Pereyra (PN) también celebró la “buena disposición” de su correligionario, el jefe comunal, Benjamín Irazábal, y de los concejales de los otros partidos a la hora de coordinar. No obstante, encontró “vacíos” a la hora de delimitar funciones y potestades y en este sentido se están haciendo consultas a un abogado y a un escribano. En la misma situación está Jorge Fernández (PN), en Solís de Mataojo (Lavalleja). “Estamos trabajando con los directores departamentales pero no se ha definido una política clara, no sabemos realmente qué nos van a designar y además no tenemos presupuesto propio. Es decir, seguimos dependiendo de la intendencia”, expresó.

“Estamos empezando a ver el tema del presupuesto, no tengo claro si esa partida anual será la única del gobierno nacional”, se cuestionó Javier Utermark (PN), de Dolores (Soriano). La colega poronguera de Ismael Cortina, Luz Echande (PN), estaba informada de que los 560 mil se pagarán en 14 cuotas de 40 mil pesos porque participó en “todos los talleres informativos” que pudo y tiene expectativa de que venga más dinero, pero aún está definiendo con el Ejecutivo áreas de injerencia.

En Vichadero (Rivera), Carlos Ney Romero (PN) puso énfasis en que a partir de mayo las alcaldías institucionalmente “no dependen nada” de las intendencias, aunque sí recalcó que están “medio desamparadas” porque no cuentan con asesoramiento directo para manejar la parte administrativa y jurídica. Pese a esto, Romero resaltó que Vichadero y todas las alcaldías de la ruta 6 formaron una Asociación de Alcaldías para terminar con el trazado de la carretera, que iría desde San Luis (en la frontera con Brasil) hasta Montevideo, y ahorraría 240 kilómetros a quienes van de Rivera a la capital o a las empresas que dejan su producción en el puerto de Nueva Palmira.

Faltan 110 kilómetros de construcción de ruta para culminar el trazado y los alcaldes ya presentaron un memorándum del proyecto ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.