juventud perdida

Esto es parte del balance que hizo la Organización Mundial Contra la Tortura junto al Comité de los Derechos del Niño Uruguay luego de la visita a la Colonia Berro. “El Estado uruguayo es paradójico en su posición. Por un lado, después de 2006, siempre ha tomado una postura reconociendo los problemas. Después de los informes del Comité contra la tortura siempre Uruguay tuvo una actitud positiva anunciando que va a tomar medidas. En términos legales, de cambios de códigos, se hicieron”, dijo Sottas a No Toquen Nada.

Sin embargo, “lo que parece mucho más complicado es desarrollar una política que permita incrementar las medidas alternativas a la privación de libertad”, lamentó.

Por otra parte, se recordó que la pésima condición edilicia de los centros de detención administrados por el Instituto Nacional del Menor (INAU) ya fue denunciada hace años por organismos internacionales y se ha reconocido desde el Estado que están por debajo de los mínimos a nivel mundial. “Realmente es sorprendente que eso pueda existir en un país como Uruguay. Los cambios a ese nivel están tomando bastante tiempo. Nos preocupa la falta de un cronograma para hacer que esas promesas se transformen en realidades para los chiquilines”, agregó.

El experto se mostró también sorprendido por la demora en solucionar los problemas edilicios porque en términos presupuestales no debería haber inconveniente y recordó la ayuda que el sistema carcelario uruguayo está recibiendo de la Unión Europea. “El número de menores encarcelados es muy bajo si se compara con situaciones como la de Brasil. No estamos enfrentándonos a una situación incontrolable a nivel presupuestal. Eso nos llama la atención, no sería tan difícil en términos presupuestales encontrar soluciones que están al alcance del Estado uruguayo, sobre todo porque ahí también hay ayuda del exterior”, explicó.

Una de las principales observaciones de la comisión contra la tortura es la diferencia entre los centros dentro de la Colonia Berro. Según Sottas, es necesario que haya una referencia general para todos los centros con un proyecto central más definido y pautas más precisas y similares para los directores de cada centro. Estas diferencias se notan básicamente entre los hogares Ser y Piedras, que siguen siendo los más problemáticos, y el resto.

“Hemos encontrado condiciones que no son aceptables en términos de los criterios internacionales más básicos, sobre todo respecto al mantenimiento. Las celdas son pequeñas, falta cerramiento para que no entre el viento. Hace frío y hay humedad. Los baños no son aceptables. Hay un esfuerzo en términos de formación pero lo que podemos ver está lejos de lo que se necesitaría para asegurar una cierta posibilidad de reinserción en la sociedad. Es un problema general pero está mucho más marcado en esos centros”, afirmó.

Respecto a las condiciones edilicias de los centros, la presidenta del INAU, Nora Castro, dijo este martes a Televisión Nacional que es cierto que los locales están muy mal, que son muy viejos y que ya no se pueden seguir emparchando. Sobre las diferencias entre los centros, Castro dijo que hay que considerar que todos los hogares tienen historias diferentes, que los jóvenes son diferentes y que es bueno que haya diferencias si hay un piso básico garantista de derechos.

Sottas señaló que si bien no se registraron denuncias de abusos de parte de los funcionarios del INAU, casi todos los jóvenes entrevistados hablan de los maltratos de la policía. “Nos preocupa que la policía utiliza violencia completamente inadecuada e inaceptable tanto en el momento del arresto –con técnicas como el submarino, sofocando al menor- y también lo hacen quienes están encargados de la seguridad perimetral, al momento de las tentativas de fugas. En los motines, muchos chiquilines mencionaron que la intervención de la policía es muy violenta, con palizas y con destrucción de sus pertenencias personales, etcétera”, afirmó.