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La solicitud se enmarca dentro de una nueva política que comenzará a aplicar la central sindical mediante un protocolo de actuación ante denuncias de violencia doméstica y acoso sexual en lo laboral y en lo sindical. El dirigente Fernando Pereira dijo a la diaria que todas las acciones en torno a este tema deben apuntar a la “condena moral” de los agresores, por ejemplo, mediante la desafiliación del sindicato y el respaldo a las víctimas para radicar la denuncia penal correspondiente.

“¿No será que tendremos que mordernos la mano antes de levantarla para golpear a una compañera?”, se preguntó el integrante del secretariado ejecutivo Gustavo Signorele durante su discurso del 1º de mayo. Ese día catalogó como “maldito” el número 19, que entonces era la cantidad de mujeres fallecidas este año como consecuencia de la violencia doméstica. “No pasaron 20 días y ya son 20”, expresó en diálogo con la diaria Adriana Lado, una de las responsables del departamento de Género y Equidad. “Tanto la violencia doméstica como el acoso laboral están instalados como una preocupación en el PIT-CNT. La dirección del movimiento sindical tiene claro que no son temas secundarios y que son temas que debemos resolver”, añadió.

En este contexto se elaboró una “propuesta de protocolo de actuación ante situaciones de violencia doméstica, o acoso sexual en el ámbito laboral y sindical”, que fue aprobada hace una semana por el Secretariado Ejecutivo. Lado indicó que el departamento de Género y Equidad -que se reúne los viernes a las 15.00- se convirtió en un ámbito de denuncia por parte de las trabajadoras de casos de violencia doméstica y de acoso en el ámbito laboral y sindical.

La sindicalista indicó que al tomar contacto con una situación se orienta a la víctima acerca de cómo realizar una denuncia formal, se le ofrece apoyo logístico e institucional y, en determinadas circunstancias, se la deriva a equipos multidisciplinarios. Lado explicó que es difícil cuantificar los casos recibidos porque no se lleva un registro y porque es habitual que “las trabajadoras pidan ayuda directamente a una compañera de su confianza”, sin pasar por la comisión. “En general la violencia se ejerce de varones a mujeres, pero también entre personas del mismo sexo”, indicó.

Procedimiento
El protocolo pretende sistematizar la forma de actuación frente a las denuncias y establecer qué medidas adoptar cuando el agresor es dirigente sindical o afiliado. En la primera parte del documento, al que accedió la diaria, se especifica qué situaciones deben ser consideradas en algunas de las dos categorías, y se insta a participar en las instancias que impulsen la aplicación del marco normativo, a divulgar información y a tomar parte en acciones de sensibilización y de prevención. También se establece que el PIT-CNT promoverá “espacios de recuperación” para las personas que muestren interés en recibir apoyo para modificar sus conductas.

En todos los casos, ante una denuncia de acoso contra dirigentes o afiliados, integrantes de la directiva o con responsabilidades se “apoyará y acompañará” en forma reservada a quien la presente y se suspenderá la afiliación del denunciado mientras se realizan las investigaciones correspondientes. El agresor perderá su condición de afiliado si la resolución judicial confirma la denuncia.

Se formarán comisiones destinadas a apoyar y orientar sobre servicios de atención que rendirán cuenta de su actuación mediante informes que tendrán el carácter de “recomendaciones”. También llevarán a cabo actividades de capacitación y campañas de sensibilización e información, para las cuales se podrá pedir licencia gremial.

Aplicación
La central sindical comenzará a poner en práctica el protocolo una vez que lo apruebe la Mesa Representativa. “Las herramientas jurídicas para actuar están. El punto es aplicarlas debidamente y realizar un trabajo serio de sensibilización respecto del tema”, dijo Lado al mencionar la Ley de Violencia Doméstica (17.514) y la Ley de Prevención y Sanción del Acoso Sexual (18.561). La dirigente subrayó que el principal reclamo ante el gobierno nacional es atender la falta de refugios. “Nos parece perfecto el plan de vivienda que se anunció, pero pedimos que en primera fila estén contempladas las mujeres en situación de violencia doméstica y aquellas que son jefas de hogar. Ésta es la forma de aportar que tiene el gobierno”, señaló.

Fernando Pereira, integrante del Secretariado Ejecutivo, dijo que el hecho de que el presidente José Mujica “se pronuncie públicamente” en contra de la violencia hacia las mujeres “es un avance” para establecer “la condena moral”. Un paso siguiente, indicó, es que la encomiende a sus ministros que atiendan el tema con prioridad. “El protocolo, como las normas, son líneas de acción. Pero para mí lo más importante es lograr que la sociedad uruguaya condene moralmente a los agresores y que se deje de ver a la violencia doméstica y el acoso sexual como algo cotidiano. Si efectivamente comienza una campaña que incluya al Parlamento, a las cámaras empresariales y al Poder Ejecutivo, creo que podemos lograr algo”, confió.

Con respecto al movimiento sindical indicó que la desafiliación es una forma de condena moral, pero “lo primero que nos debe preocupar es la manera de ayudarlo para que no sea más violento” y que vuelva a ser “una persona querida y respetada por la sociedad”. Consultado sobre las garantías que ofrece el protocolo cuando se trate de trabajadores que integren cargos jerárquicos en el sindicato, Pereira fue enfático: “Si no nos da la energía o nos tiembla la mano a la hora de echar a un integrante de la dirección por agredir a una compañera en la casa, en el trabajo o en una asamblea, entonces el protocolo habrá sido una farsa”.