espíritu salvaje

La polémica por los menores infractores estará sobre la mesa de la actividad política al inicio de 2011. La baja de imputabilidad penal y el mantenimiento de los antecedentes a los jóvenes serán el centro de la discusión.

Por dos vías diferentes, la problemática de la inseguridad y en especial la incidencia de los menores infractores, volverá a estar en el tapete en los próximos meses, centrando la atención en el inicio de la actividad política en este año.

Por un lado, en febrero, una comisión bicameral formada con representantes de todos los partidos para analizar posibles cambios a la legislación sobre menores infractores, solicitará al Parlamento ampliar por 30 días el plazo para presentar su informe definitivo.

Pero el tema genera discrepancias en el Frente Amplio, ya que si bien el Poder Ejecutivo está a favor de mantener los antecedentes a menores en casos graves (como ya se pronunciaron en ese sentido el ministro del Interior, Eduardo Bonomi y el vicepresidente Danilo Astori) el punto divide a la bancada legislativa oficialista.


La comisión bicameral ya acordó a fines de diciembre la necesidad de crear un Instituto de Rehabilitación de Menores y también incluir la tentativa de hurto como hecho punible.

A su vez, en marzo, Vamos Uruguay, el sector mayoritario del Partido Colorado liderado por Pedro Bordaberry, lanzará su campaña de recolección de firmas para plebiscitar una reforma constitucional para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años de edad.

El diputado colorado Germán Cardoso dijo ayer a El País que se están ajustando los detalles de la campaña, aunque ya se definió que habrá comisiones departamentales de cinco miembros encargadas de llevar a cabo la tarea.

Tanto integrantes del gobierno como de la bancada frenteamplista se han pronunciado en contra de bajar la edad de imputabilidad penal, iniciativa que es el eje principal de la propuesta de Vamos Uruguay.

El ministro Leslie Van Rompaey, quien el 1° de febrero asumirá la presidencia anual de la Suprema Corte de Justicia, dijo en una entrevista publicada ayer por El País, que "sería un verdadero desastre" bajar la edad de imputabilidad sin tomar medidas para reforzar las vías de rehabilitación de los jóvenes infractores.

El plebiscito que plantea Vamos Uruguay, y que en principio se realizaría junto con las elecciones de 2014, también propone crear un Instituto Nacional de Rehabilitación de menores infractores y mantener los antecedentes a los adolescentes, medida que genera diferencias en el Frente Amplio pero que es apoyada por el Partido Nacional.

"El gobierno tiene mayoría parlamentaria y no accede a debatir la baja de la imputabilidad, por eso tomamos el camino de las firmas para plebiscitar lo en 2014", dijo el diputado.

Cardoso compartió la visión de Van Rompaey respecto a que la solución a la problemática no se soluciona solamente bajando la edad de imputabilidad. "Una sola medida aislada no alcanza, se requiere una batería, pero hay dar este debate", dijo el legislador colorado.

"CLAMOR". Por su parte, el diputado nacionalista Luis Lacalle Pou (Aire Fresco), dijo que "el gobierno no está entendiendo la realidad" en lo que se refiere a la problemática de los menores infractores, y eso hace que a nivel político no se pueda registrar un debate de fondo para encontrar soluciones.

Para Lacalle Pou, que este año presidirá la Cámara de Diputados, el gobierno "no está escuchando el clamor popular y vive con una receta atrasada que lamentablemente no se aplica a la realidad nacional actual", aseguró a El País.

Lacalle Pou, cuyo sector ha trabajado activamente en relación a la minoridad infractora, dijo que la clave está en modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia para mantener los antecedentes a los menores, mejorar los servicios de rehabilitación de los jóvenes privados de libertad y aumentar las sanciones para los infractores.

Campaña: instalarán comisiones en todos los departamentos para recoger las firmas.

Corte debe dar "una respuesta contundente"
El diputado nacionalista Luis Lacalle Pou cuestionó que el Poder Judicial no pueda justificar casos como el del menor apodado "El Pelón" en la "brevedad de los plazos legales". "La ley es para cumplirla y a la Suprema Corte de Justicia le faltó firmeza en relación a lo actuado por el juez en este caso", afirmó.

"El Pelón", un joven de 17 años que cometió tres homicidios en menos de seis meses, fue dejado en libertad a fines de diciembre por el juez de Ciudad de la Costa Juvenal Javier. El magistrado tomó esa decisión debido a que el Código de la Niñez y la Adolescencia prevé que los jóvenes internados deben ser liberados si su sentencia no se dicta en un plazo máximo de 60 días.

Ante este caso, Lacalle Pou dijo que "la sociedad necesita una respuesta contundente de parte de la Suprema Corte de Justicia, por ser la máxima autoridad del Poder Judicial". El legislador también reclamó "una sanción ejemplarizante" para el juez que dejó en libertad al triple homicida, porque "se supone que los magistrados conocen la ley y la ley está para ser cumplida".

El ministro Leslie Van Rompaey, quien el próximo 1° de febrero asumirá la presidencia anual de la Suprema Corte de Justicia, consideró que los plazos legales para tramitar los casos de menores infractores son "muy breves y no se compadecen con la realidad y en definitiva no se pueden cumplir".

Van Rompaey admitió que un caso como el de "El Pelón" es "muy difícil de explicar" y genera "una consternación muy grande". Los ministros de la SCJ asistirán el jueves próximo al Parlamento pero este caso no se analizará porque no corresponde evaluar un expediente todavía en curso.