votar, votar

La asamblea del sector estatal de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) consideró insuficiente la propuesta del gobierno y “censuró” al presidente del sindicato, Gustavo Pérez, y al secretario general, Fernando Gambera, por sus declaraciones críticas al manejo del conflicto.

Cuando Ricardo Ibarburu (lista 98) se excedió del tiempo que tenía destinado para su discurso, le llovieron insultos. “¡Se te acabó el tiempo, puto!”, le gritó un asistente. Ése era el clima que reinaba ayer en la asamblea que se realizó en el Platense Patín Club. Una hora antes, Marcelo Abdala, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, que acudió en calidad de visitante, reclamó “unidad, unidad y más unidad en el movimiento sindical”.

En la asamblea hubo dos posturas claras que se materializaron en dos mociones. La que finalmente resultó aprobada tuvo el apoyo de la lista 17 (Partido Comunista y Movimiento de Participación Popular) y la 810 (Corriente de Izquierda, Asamblea Popular y otros). Proponía generalizar el conflicto a toda la banca pública -ampliando las medidas gremiales a todos los bancos-, ratificar la totalidad de la plataforma reivindicativa, prorrogar la negociación del convenio colectivo -que vence el 19 de diciembre- y declarar insuficientes las propuestas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Según resumió Carlos Márquez (lista 17), se asistirá a la negociación con el gobierno “planteando una prórroga hasta tanto se lauden los temas pendientes del convenio anterior”. Dijo además que hoy “seguramente se revise la medida del clearing, ya que la perspectiva de la reorientación del conflicto implicaría no continuar afectándolo, como señal hacia las autoridades para la convocatoria de las partes”.

En tanto, la moción minoritaria, apoyada por la 98 (Articulación) y la 33, pretendía que el sindicato se integrara al ámbito de negociación colectiva, proponiendo que allí se lauden algunos puntos de la plataforma, como el pago de partidas por objetivos que se adeudan en el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda, y la equiparación salarial de los trabajadores que ingresaron en el “tres por uno”. Además, se buscaba solucionar el problema de los funcionarios que realizan tareas por encima de sus funciones mediante el llamado a concursos, y se aceptaba la mediación de la Inspección General de Trabajo para los casos de traslados en sucursales de Maldonado. También se llamaba a continuar con las movilizaciones, pero suspendiendo “transitoriamente” los paros en el clearing para favorecer los “ámbitos de negociación”.

Cruces varios
Los integrantes de las listas 98 y 33 denunciaron la falta de estrategia con la que se llevó a cabo el conflicto, el rechazo que generaron las medidas en la opinión pública y la falta de voluntad que existió para negociar. Desde las listas 810 y 17 se acusó a las listas minoritarias de no respetar la plataforma votada por unanimidad en la asamblea anterior y de socavar la unidad sindical, y se destacó que las decisiones fueron tomadas en “forma democrática”.

Sobre el final de la asamblea, cuando se votó la moción propuesta por las listas 17 y 810, a simple vista no podía determinarse si ésta había sido aprobada. Gonzalo Pérez, que estaba en la mesa representando a la 98, entendió que la moción era afirmativa, pero exigió el recuento de los votos, por lo que se tuvo que repetir la votación. Cuando se empezó a hacer el conteo, se escucharon expresiones de disconformidad, muchos asistentes se negaron a votar nuevamente, por lo que la mesa, sin ir más lejos, dio como afirmativa la moción oficial. “No se hizo el recuento porque metieron el gaucho”, alegó Pérez, mientras que un dirigente de la 17 consideró que no pudo efectuarse porque “hubiera tardado no menos de una hora”.

Luego, cuando los simpatizantes de la 98 se retiraban del gimnasio, se aprobaron dos mociones complementarias propuestas por la 810. Una que sirve “como insumo” en caso de que se apliquen planteos de esencialidad -paro de 24 horas y llamado a nuevas asambleas- y también una “censura” para Pérez y Gambera, por declaraciones a la prensa en las que trataron de “minimizar el conflicto y funcionar como articuladores del gobierno”, según argumentó Alejandro Gómez, de la 810.