a decisión del Poder Ejecutivo de regular las ocupaciones en instituciones públicas fue un golpe bajo para el Pit-Cnt que resolverá en las próximas horas qué camino se recorrerá desde el punto de vista legal. Algunos integrantes del Secretariado Ejecutivo de la central, junto a dirigentes de Cofe, se reunieron ayer para comenzar a analizar los pasos a dar.
El contenido de la nueva norma es estudiado por la sala de abogados de la central que la semana próxima presentará su punto de vista al órgano de conducción. La molestia con el gobierno está instalada en toda las dirigencia. Uno de los coordinadores de la central, el portuario Juan Castillo (PCU), manifestó a Ultimas Noticias que la decisión causó sorpresa por lo "inconsulto del decreto", que definió como "una nueva violación" a la ley de Negociación Colectiva que rige para el sector público. "Hay una ley vigente que establece que todos los cambios en las relaciones laborales entre trabajadores públicos y el Estado deben negociarse. Además, 24 horas antes se había reunido el Consejo Superior y no se nos hizo ningún planteo", dijo. En filas gremiales se coincide en que el decreto es "anticonstitucional". "Hay una clara intencionalidad de limitar el derecho de huelga", consideró el dirigente.
La decisión del Ejecutivo llegó en un momento en el que las discrepancias internas respecto a "cómo pararse" frente al actual gobierno son motivo de posturas dispares entre las distintas corrientes de opinión. No obstante, en los corrillos de la central el anuncio es visto como la "gota que rebasó el vaso" y la dirigencia está dispuesta a pararse firme. El Secretariado Ejecutivo aguarda el informe de sus asesores para resolver si presenta una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o interpone un recurso ante la Justicia.
Fuentes de gobierno expresaron en las ultimas horas a este matutino que existe malestar con el accionar sindical y se considera que "no se está haciendo un uso correcto" de las medidas. Por otra parte, se sostiene que existe responsabilidad en el Pit-Cnt debido a "su falta de conducción".
En tanto, el abogado de Cofe, Daniel Parrilla, elaboró ayer un documento que entregará a la dirección del sindicato en el que expresa su posición. El documento al que accedió Ultimas Noticias sostiene que el decreto "violenta" y "va a contrapelo" de la jurisprudencia de la OIT que establece que la ocupación "sólo puede limitarse cuando no es pacífica". Parrilla manifestó que conceptualmente se parece al "viejo" decreto 512/66 que "fue instrumento de represión incluso previo a la dictadura" y que autorizaba a las empresas o autoridad pública a pedir el desalojo ante el Ministerio del Interior. Es un absoluto retroceso respecto al que se dictó en 2006", aseguró.
"El decreto (165/2006) reconoció la ocupación como una modalidad del ejercicio de huelga", indicó Parrilla. Este reconocimiento se refleja en el artículo 5º, donde se establece que la ocupación parcial o total de los lugares de trabajo "no suspende ni interrumpe las instancias de negociación". Asimismo, se establece que el Ministerio de Trabajo tendrá la facultad de intimar el desalojo en el plazo de 24 horas bajo apercibimiento del uso de la fuerza, pero sujeto a dos condiciones: el fracaso de los mecanismos de solución de conflictos y si la continuación de la ocupación pusiere en grave riesgo, la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población".
“LA PERLA QUE LE FALTABA AL COLLAR”
Para la central las ocupaciones registradas en forma reciente tienen como telón de fondo la falta de negociación colectiva, que motivó la medida primero en el edificio de la Suprema Corte de Justicia, luego en la Fiscalía Civil y por último en la Intendencia de Tacuarembó.
Los cuestionamientos a la puesta en práctica de la ley han sido la principal bandera de Cofe y causa de su complicada relación con el gobierno. Primero fueron los encontronazos por la reforma del Estado, luego la negativa a considerar cambios en el capítulo II del Presupuesto y finalmente la imposición de trabajar seis horas como mínimo para los profesionales y técnicos de la Administración Central. Pero lo que comenzó como un reclamo gremial pasó a ser ahora preocupación de toda la cúpula sindical que ve en la regulación de las ocupaciones "la perla que le faltaba al collar".
"En vez de condenar a la Suprema Corte de Justicia por violar una ley se condena a los trabajadores que ocupan. ¿Qué pasos se van a dar con los organismos que no discuten con los trabajadores? ¿Qué se va a hacer con la intendencias que no negocian? Si la relación laboral entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores del Estado va a ser el efecto acción reacción se va a entrar en una escalada sin fin", dijo el dirigente Fernando Pereira.
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