LAS LLAMAS ARDEN

Cientos de bomberos demandaron al Ministerio del Interior para limitar la jornada laboral y se les garantice un día libre a la semana. El juez civil Alejandro Recarey se expedirá el 17 de este mes sobre la primera demanda.


l juez civil de 9º Turno, Alejandro Recarey, dictará el 17 la primera sentencia sobre limitación de jornada laboral, en una demanda grupal presentada por quince bomberos del interior del país, representados por el abogado Carlos Alberto Roselló.

Al igual que otros 150 funcionarios que presentaron sus demandas en diversos juzgados civiles de Montevideo, los querellantes reclamaron al Ministerio del Interior que reduzca las jornadas laborales, ya que en la actualidad trabajan con un sistema de 24 horas por 24 de descanso. Roselló dijo a Ultimas Noticias que "la reivindicación es que se respete su derecho a tener un horario razonable y un descanso semanal, al igual que tienen los funcionarios policiales. En el 30% de los casos, ni siquiera se les cumple el sistema de 24 por 24 porque, si los necesitan cuando terminan la jornada, deben continuar".

En caso que Recarey falle a favor de los demandantes, los bomberos no sólo tendrán menos horas de trabajo y un día libre garantizado, sino que el Estado deberá pagarles el monto correspondiente al tiempo que trabajaron de más en los últimos cuatro años. Este tipo de demanda se suma a las más de mil denuncias grupales que abarcan a 14.000 policías y bomberos que exigen la restitución de sus haberes. Las demandas establecen que desde el año 1992 el Ministerio "liquidó en forma errónea los haberes, adeudando un promedio de $ 2.000 por funcionario" si se toma en cuenta toda la plantilla. Dado que la legislación actual sólo permite reclamar al Estado por los errores cometidos en cuatro años, el monto alcanzaría un promedio de $ 100.000 por funcionario.

En diciembre del año pasado, el entonces ministro Jorge Bruni presentó un informe contable al gobierno donde reconoció que existían errores de cálculo a causa de la aplicación de un modelo elaborado por la Contaduría General de la Nación, que no tuvo en cuenta compensaciones creadas en forma posterior al diseño de la forma de cálculo. El documento, firmado por la gerenta financiera del Ministerio, Ileana Mariño, señalaba que los errores determinaban "una diferencia anual que asciende aproximadamente a $ 512 millones, distribuido entre la totalidad de cargos ocupados y vacantes".

Pese a contar con esos antecedentes, el gobierno no enmendó la situación y tampoco planteó instancias de negociación.

DIEZ AÑOS DE SERVICIO 222

Además de las demandas planteadas por la jornada laboral, los libres semanales y las liquidaciones salariales, el Ministerio del Interior enfrenta los reclamos judiciales de miles de policías que exigen que se acredite el trabajo realizado por el servicio 222 en su historia laboral.

Los funcionarios, que se presentaron con demandas grupales en varios juzgados civiles de Montevideo, pretenden que el Estado vierta el total de los aportes correspondientes a diez años hacia atrás, para que pesen en el momento de jubilarse. Además aspiran a cobrar los conceptos de aguinaldo que hubieran correspondido al 222. Si bien estos casos no registraron avances en los últimos meses, el abogado Carlos Alberto Roselló estima que la aprobación de la ley de Presupuesto ofrecerá un respaldo legal adicional a los querellantes.

En el artículo 69 se interpreta "con carácter general, que en todos los casos en que se dispongan retribuciones cuyo monto deba determinarse en función de otras, por aplicación de porcentajes o de cualquier otro parámetro de valoración, la base de cálculo quedará establecida por las que se incluyan específicamente por la ley que las crea o modifica, o en su defecto, por las que se encuentren vigentes a la fecha de promulgación de la norma".