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Bajo la consigna “Todos y todas contra la impunidad”, organizaciones sociales se concentraron ayer frente al edificio donde fue la sede del Servicio de Información de Defensa (SID) durante la dictadura. En ese contexto, se hizo presente el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, para hacer el anuncio. En tanto los convocantes se declararon en “estado de alerta” y “asamblea permanente” ante el inminente envío del proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad al Parlamento.

“Aquí se secuestró, torturó y desa-pareció. Basta de impunidad”, decía la pancarta pegada en el portón que hoy da acceso al Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) del Ministerio de Defensa Nacional (MDN). Valentín Enseñat, hijo de desaparecidos, recordó que en ese lugar se realizó “la verdadera coordinación represiva” de las tres fuerzas -Ejército, Armada y Fuerza Aérea- y que a partir de 1970, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, “se recolectó información con métodos ilegales, como las escuchas telefónicas”.

Enseñat también destacó que como “centro neurálgico” de los servicios de Inteligencia en el marco de la ejecución del Plan Cóndor estuvo “directamente vinculado a Orletti”, centro clandestino de detención en Buenos Aires durante 1976. Ese edificio, ubicado en Bulevar Artigas y Palmar, fue el destino de muchos uruguayos detenidos en Argentina y trasladados en los vuelos clandestinos. Allí, María Claudia García dio a luz a Macarena Gelman y estuvieron los hermanos Julien, Anatole y Victoria. Rosadilla apareció inesperadamente, trasladó la decisión de ceder el edificio y prometió efectivizarlo antes del próximo Día Internacional. En una carta fechada el 1º de junio y dirigida al Movimiento de Independientes por Derechos Humanos, Rosadilla había expresado su “máxima voluntad” para convertir el recinto en una marca de la memoria (ver nota adjunta). En el escrito explicaba que se estaban planificando “cambios en las distintas reparticiones” del MDN para trasladar las oficinas del Calen a otras dependencia. Ayer indicó que esas gestiones están en marcha, según dijo en diálogo con la diaria el presidente de Crysol, Baldemar Taroco.

En tanto, el director de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, puso fecha a la instalación de la Institución Nacional de Derechos Humanos. “Es nuestro deseo y en eso estamos trabajando; que en el primer semestre de 2011 quede efectivamente instalado. Que se convierta en un verdadero órgano de denuncias a los derechos humanos pero, fundamentalmente, de promoción y protección a los derechos humanos, que, creo, es una deuda que tiene el Estado”, indicó. Por este tema, Miranda inició una ronda para informar a la oposición; ayer se reunió con el presidente del directorio blanco, Luis Alberto Lacalle, y con el secretario general del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, hoy lo hará con el presidente del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Formas de impunidad
Las organizaciones llamaron ayer a rodear el Palacio Legislativo el día que se vote el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. La iniciativa, elaborada por una comisión del Frente Amplio y aprobada por la Mesa Política, aún no fue puesta a consideración del Parlamento porque se está “ultimando detalles”, informaron a la diaria desde el Ejecutivo.

El reclamo por la anulación de la norma fue central en la proclama leída por Enseñat, pero subrayó que “no es la única forma de impunidad” y que “en eso los tres poderes del Estado son omisos”. Enseñat señaló que el Legislativo lo es por no anularla, pero también el Ejecutivo por “no establecer herramientas que permitan romper el pacto de silencio para llegar a la verdad, por ejemplo, mediante la desclasificación de archivos”, y el Judicial por tipificar en todos los casos “homicidio muy especialmente agravado” en lugar de “desaparición forzada”.

“Se ignora en los juzgados uruguayos. La desaparición es un crimen complejo imprescriptible e inamnistiable que supone la violación de múltiples derechos humanos y crimen de lesa humanidad: la privación de libertad, la negativa a reconocer su detención, de sustraerla de la protección de la ley, de torturar en un paradero oculto para que el crimen y sus responsables no se puedan identificar ni denunciar”, explicó. “Esto no es cosa del pasado porque los desaparecidos están presentes”, precisó Óscar Urtasun, de Familiares.