El Ministerio del Interior elabora un proyecto de ley que habilitará a los presos a trabajar en rubros como la construcción, vialidad y poda de árboles. El 0,5% de los salarios de esos reclusos se destinará a un fondo para víctimas de delitos.
"Aquellos presos que no deseen trabajar no tendrán beneficios de reducción de penas como el `dos por uno` -dos días de reclusión por cada uno de trabajo-. Es decir, deberán cumplir su sentencia hasta el final", dijo a El País el director interino del Instituto Nacional de Rehabilitación, Eduardo Pereira Cuadra.
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, tiene previsto anunciar próximamente los detalles de un programa de trabajo para los presos.
El Ministerio del Interior procurará que la mayor cantidad de presos se plieguen a esta iniciativa e intenten ocupar un puesto en una de las tantas empresas que ya hicieron ofrecimientos de fuentes laborales para encarcelados.
Técnicos del Ministerio del Interior estudian la legislación comparada para reglamentar dichas salidas de internos e incluso se contrató una consultoría a fin de definir las condiciones mínimas de trabajo obligatorio para los presos y que ello no sea considerado trabajo forzado (Ver nota aparte).
El proyecto de ley, que habilitará las salidas de presos con buenos antecedentes carcelarios para trabajar, es elaborado por abogados de Presidencia de la República y del Ministerio del Interior.
Entre un 7% y un 10% de los 9.000 presos que hay hoy en el sistema carcelario, tienen el perfil para salidas a trabajar. "Se trata de una buena intención del Ministerio del Interior. Sin embargo, la medida deberá ser supeditada a una decisión de la Justicia", dijo a El País el comisionado parlamentario Alvaro Garcé.
Las autoridades ministeriales estudian el uso de tobilleras electrónicas que informarán de la ubicación del recluso beneficiado con la salida, gracias a un monitoreo por el sistema de posicionamiento global (GPS). "Además habrá un fuerte operativo de control de esos reclusos. No saldrán en forma indiscriminada", dijo el director del Instituto de Rehabilitación.
Las aspiraciones de Pereira Cuadra son que los presos trabajen en rubros como la industria láctea, recuperación de tramos viales, obras de construcción y podas del ornato público de Montevideo.
Recordó que, mediante el "Plan Juntos" que será implementado por el gobierno, se construirán 600 viviendas en el entorno de ruta 5 y la avenida Luis Batlle Berres. "Nosotros queremos participar haciendo puertas, ventanas, bloques de hormigón vidriado y adoquines para las veredas", dijo.
Pese a reconocer que en varias cárceles del sur del país hay talleres, el Ministerio del Interior deberá adquirir herramientas y maquinarias para que los presos puedan trabajar, añadió.
Pereira Cuadra también aspira recuperar viviendas en mal estado o trabajar en la poda del ornato público mediante convenios con la Intendencia de Montevideo.
Otro proyecto que tiene en carpeta el jerarca de cárceles es la reparación de varios módulos del Comcar con mano de obra reclusa. Muchas celdas de ese penal han sido "boqueteadas", lo cual permite a los internos trasladarse de un sector a otro durante la noche para comercializar drogas, rapiñar o vejar a otros encarcelados.
Pereira Cuadra reiteró que el proyecto de ley que habilitará un programa de trabajo con salidas de presos deberá ser elaborado con la participación del Poder Judicial, el Patronato Nacional de Liberados y Encarcelados y el comisionado parlamentario.
A juicio del director del Instituto de Rehabilitación, la intención del ministro Eduardo Bonomi es borrar el concepto arcaico de que hay 9.000 hombres inactivos en las cárceles y que no se cumple con el precepto constitucional de rehabilitar a aquellos individuos que hayan cometido delitos.
Estudian reglamentar trabajo obligatorio
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, tiene a estudio un texto tentativo de proyecto de ley sobre el trabajo de los reclusos y el aporte que deberán hacer para un fondo destinado a las víctimas de delitos.
En el Ministerio del Interior prima la posición que considera que se puede establecer que el trabajo para los presos es obligatorio, dijeron fuentes de esa cartera a El País.
Pero los defensores de esa posición entienden que se debe definir qué mecanismos tomar cuando un preso se niega a trabajar, añadieron las fuentes.
El Ministerio del Interior contrató una consultoría a cargo de un catedrático en Derecho Laboral, para que le aporte las pautas necesarias con el fin de establecer las condiciones mínimas de trabajo de presos y para que no se considere un trabajo forzado.
La decisión es actualizar la legislación nacional y ponerla a tono con la normativa de la Organización Internacional del Trabajo, expresaron las fuentes contactadas.
En el gobierno estiman, sobre la base de sus visitas a las cárceles de todo el país, que la enorme mayoría de los presos quiere trabajar.
En el Ministerio del Interior se analiza plantear la necesidad de fijar un salario mínimo para los presidiarios.
Cuando el texto final del proyecto esté definido, se consultará su contenido con la Suprema Corte y la oposición.
Principales medidas para los presos
En abril del año pasado, poco después de asumir, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, señaló que en el país había una emergencia carcelaria y anunció que en el año 2010 se invertirían US$ 12 millones para construir nuevos penales de media y alta seguridad.
El proyecto de emergencia carcelaria fue aprobado por el Parlamento meses más tarde. En el penal de Maldonado (Las Rosas), donde la superpoblación ronda el 300%, el gobierno termina una cárcel mientras que otro edificio estará listo a corto plazo.
Con los fondos ahorrados en la administración anterior, el Ministerio del Interior construye una nueva cárcel en Rivera, ampliaciones en Libertad y Comcar y Punta de Rieles.
Según el ministro Bonomi, esas nuevas obras representarán unas 2.500 plazas.
Además de la construcción de más plazas, el Ministerio del Interior elaboró con la Suprema Corte de Justicia un acuerdo para liberar unos 2.000 presos que ya cumplieron los dos tercios de sus penas.
Esa medida, que podrá ser implementada en los próximos meses, logró el visto bueno de la Suprema Corte de Justicia y ahora se encuentra a estudio del Parlamento.
Además, el Ejecutivo envió al Parlamento una iniciativa de ley que extiende la custodia militar en los perímetros externos de todas las cárceles del país.
Para disminuir el ingreso de sustancias y elementos prohibidos, el Ministerio del Interior analizó la posibilidad de que los militares revisen a quienes ingresen a los penales.
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