espacio digital

La Dirección Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria presentará hoy a las 11.00 en el Auditorio de Antel un documento base para la elaboración de una ley de telecomunicaciones que sustituya a la actual ley de radiodifusión. El documento, al que accedió la diaria, propone establecer un sistema de medios públicos, reservar un tercio del espacio digital a medios comunitarios o sin fines de lucro y sugiere criterios para la asignación de frecuencias a medios comerciales.

Tras la divulgación de la iniciativa quedará instalado el Comité Técnico Consultivo para la redacción de la nueva ley, en el que estarán representados la academia, el sector empresarial y la sociedad civil. El documento base para el trabajo establece como líneas generales que deben regularse todos los servicios de comunicación audiovisual, sin importar qué plataforma tecnológica utilicen, y que la nueva ley no debe entenderse como una norma para los medios sino como una ley para proteger los derechos de todas las personas.

Uno de los aspectos novedosos es la mención a los medios públicos, ya que en Uruguay no existe legislación específica al respecto. Se propone configurar un sistema de medios públicos que incluya no sólo a las radios y al canal de Televisión Nacional, sino a otras emisoras o señales públicas departamentales, educativas o parlamentarias, entre otras.

Se advierte que es “necesario y urgente” disponer definiciones y orientaciones expresas con relación a los “objetivos, características, programación e institucionalidad” de los medios públicos y explorar “mecanismos innovadores” para su financiamiento.

A juicio de la Dirección de Telecomunicaciones, ese sistema debe ser descentralizado; cada medio debe tener independencia administrativa, financiera y de armado de la programación y contar con un directorio que tenga respaldo parlamentario. Asimismo, establece que la conducción de este ámbito debe corresponder a un director profesional elegido por oposición y méritos, además de implementar mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para su control. Debería disponer, además, de “fuentes de recursos económicos estables y suficientes para cumplir con su función, que incluyan presupuesto propio y acceso a la publicidad”.

Asignar o no
En el documento se delinean algunos criterios para la cesión de frecuencias a medios comerciales, similares a los establecidos para las radios comunitarias. Se considera que estas asignaciones deben efectuarse mediante concurso público y bajo parámetros “no basados en aspectos mercantiles o técnicos sino en las características del servicio a brindar a la comunidad a la que atenderán”.

Los criterios propuestos son: que provengan de personas físicas o jurídicas que en la actualidad no sean titulares de emisoras de radio o de televisión abierta o para abonados; que favorezcan la prestación de servicios a la comunidad mediante la oferta de servicios o programas que no brinden otros medios; que tiendan al fortalecimiento de la producción cultural local; que ofrezcan la mayor cantidad de empleos directos y que contemplen el otorgamiento de espacios gratuitos para organizaciones sociales.

El texto también hace referencia a la necesidad de adoptar mecanismos para evitar la concentración. “Uno de los problemas está en establecer limitaciones exclusivamente respecto a la titularidad o propiedad de los medios. Siendo necesarias, estas medidas no son suficientes, tanto porque de tomarse de manera aislada y sin los debidos controles son superadas fácilmente por prácticas empresariales engañosas (testaferros, por ejemplo) como porque no son herramientas adecuadas para otros procesos de concentración, como el control de la programación o la centralización de la producción de contenidos”, se advierte.

En este sentido, se propone establecer límites a la cantidad de autorizaciones o licencias que una misma persona, empresa o grupo económico puede detentar, así como topes al cruzamiento de medios o servicios de comunicación audiovisual, y límites a la difusión y distribución de programación mediante cadenas de repetidoras. Esto debe ir acompañado de un monitoreo constante.

En cuanto a la regulación de contenidos, el documento indica que el Estado no debe entrometerse en la línea editorial de los medios ni poner exigencias o condicionamientos previos sobre la veracidad de la información, o sobre la calidad o imparcialidad de las señales o programas, ya que eso “podría convertirse en restricciones ilegítimas al ejercicio de la libertad de expresión”. En cambio, serían aceptables formas de fiscalización que tiendan, por ejemplo, a la protección de los derechos de los niños y los adolescentes, y al establecimiento de mínimos de producción nacional o local. Al respecto, ya hay un proyecto elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura que será enviado en estos días al Parlamento.