Los gobiernos de Argentina y Uruguay expresaron ayer su satisfacción por la resolución de la asamblea de Gualeguaychú de levantar el corte de ruta en Arroyo Verde, que se hará efectiva mañana. La empresa UPM (ex Botnia) esperará a tener mayor información antes de resolver si habilita el monitoreo y la Asociación de Afectados por el Corte de Fray Bentos estudia presentar una demanda civil contra el gobierno argentino por las pérdidas económicas sufridas.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, y José Mujica se encontrarán en los primeros días de agosto. Para ese entonces ya estarán definidos los criterios del monitoreo conjunto que ambos países realizarán en el río Uruguay y particularmente a la planta de celulosa de UPM. El director de Asuntos Políticos de Cancillería, Elbio Rosselli, dijo a la diaria que hay “contactos permanentes a alto nivel” pero que todavía no se han reunido los técnicos para definir las líneas del monitoreo.
No obstante, Mujica dio ayer algunas pistas. En un acto matutino en el Polo Tecnológico del Cerro reiteró que se monitoreará todo el río, en sus dos márgenes, e incluso dejó abierta la posibilidad de que Brasil participe. El control estará a cargo de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
El presidente clarificó su enigmático mensaje del martes en la página web de Presidencia, en la que dejó abierta la puerta a un monitoreo interno de UPM. “Es una cuestión de soberanía, pero también hay otras cosas en juego. Nosotros tenemos que ir del otro lado a hacer lo mismo. La salud del río es mucho más importante que todas las empresas que están ahí. No vamos a plantear cerrar ninguna industria en Concordia, acá o allá, pero que la opinión pública sepa los problemas que tenemos. Los técnicos de la CARU tienen que ir a un lado y al otro”, consideró.
Fuentes cercanas al primer mandatario apuntaron que el gobierno argentino se comprometió durante la cumbre que mantuvieron los presidentes en Anchorena a principios de junio a habilitar monitoreos internos de las empresas de ese país que vierten sus efluentes en el río. Si bien Mujica afirmó que UPM no tiene “ningún problema” en que se inspeccione dentro de la planta, desde la empresa se aclara que se espera contar con mayor información para adoptar una postura pública.
El día después
En tanto, el ex presidente Tabaré Vázquez expresó ayer su “felicitación y apoyo” al gobierno, dijo que tiene una “esperanza mesurada” y se mostró de acuerdo con el monitoreo dentro de la planta, siempre y cuando sea realizado por técnicos.
Del otro lado del río, el canciller Jorge Taiana se sumó al ambiente de satisfacción. “Esto nos permite trabajar con más entusiasmo para lograr un efectivo y estricto cumplimiento del fallo de La Haya”, dijo a la agencia Noticias Argentinas. El vicecanciller Victorio Tacceti opinó en declaraciones a la radio argentina Millenium que el levantamiento del corte “coloca a Uruguay en una posición que claramente tiene que acatar plenamente lo que dice el fallo de la Corte”.
A nivel provincial, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, consideró que la decisión de los activistas es “una muestra de madurez” y “un avance importante”. “Vamos a ayudar a Gualeguaychú a reformular e institucionalizar su lucha, dentro del marco de las leyes nacionales e internacionales”, aseguró en un comunicado difundido ayer. Su par fraybentino, Omar Lafluf, dijo, en cambio, en entrevista con VTV, que tiene una sensación “ambigua” porque quienes tienen la última decisión sobre el corte de ruta son los activistas y no el gobierno argentino.
El sábado habrá un antes y un después en Fray Bentos, pero las cosas no volverán a su normalidad tan rápidamente. Mariano Amengual, de la Asociación de Afectados por el Corte de Fray Bentos, explicó a la diaria que los locales donde funcionaban la aduana y el parador del puente binacional se han deteriorado y que habrá que esperar unos días para que vuelvan a ser ocupados. En cambio, los camiones de carga cruzarán ya el domingo rumbo a Gualeguaychú. “Después de tantos años recuperamos el trabajo en nuestro lugar, pero no estamos muy convencidos de la resolución. El hecho de que digan por 60 días y de que van a continuar al lado de la ruta sigue siendo amenazante para Uruguay”, estimó.
Amengual anunció que los transportistas afectados por el corte están evaluando demandar en la justicia civil al gobierno argentino para que los indemnice por las pérdidas económicas sufridas desde noviembre de 2006 a la fecha
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