el si se termino

Dentro de una semana quedará integrada la comisión que trabajará en el ámbito de la Mesa Política del Frente Amplio (FA) y, en coordinación con el Parlamento, en la redacción de un proyecto de ley para “borrar” la norma del ordenamiento jurídico. “Terminar con la Ley de Caducidad es una posición política”, dijo a la diaria el diputado Carlos Coitiño (PVP, Espacio 609). La senadora Daniela Paysée (Asamblea Uruguay) sostiene que la decisión tiene que ver con “buscar caminos para que el programa” de gobierno incluya la anulación. La decisión fue tomada ayer por la tarde en la sesión habitual de la Mesa Política, en la que además quedó descartada la posibilidad de la derogación, planteada desde la oposición por el diputado blanco José Carlos Cardoso (Unidad Nacional). El FA rechazó el proyecto de ley impulsado por Cardoso porque “la ciudadanía tiene que tener claro que la derogación es hacia el futuro y que, si se deroga, las causas archivadas hasta ahora no podrían reabrirse. Hay que borrar la ley como si nunca hubiese existido”, explicó tras la reunión el abogado Óscar López Goldaracena (Lista 1001), autor de uno de los tres borradores que maneja el FA para la anulación.

Además hay una propuesta del Nuevo Espacio (NE) para “erradicarla” y otro del PVP, presentado ayer. “La derogación es un saludo a la bandera”, resumió Coitiño en diálogo con la diaria. Las razones que ayer se discutieron para tomar la “decisión política de terminar” con la ley tienen que ver, según Coitiño, con “que estamos jaqueados a nivel internacional” por la Corte Internacional de Derechos Humanos, a la que llegó la demanda por denegación de justicia para investigar la desaparición de María Claudia García de Gelman.

A nivel nacional, indicó, se consideró la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia para el caso de Nibia Sabalsagaray, así como “otros expedientes que esperan la pronunciación”. Coitiño recordó que “el Parlamento no tiene otra” que “actuar en forma coherente” con los compromisos asumidos por el FA. La anulación está prevista en el programa de gobierno del FA aprobado en el V Congreso Extraordinario Zelmar Michelini en diciembre de 2008, en el apartado “Líneas de perspectiva” para el período 2010-2014.

“Es imprescindible cumplir con el mandato del Congreso anterior de adecuar ‘la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país’, incluyendo la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, principal estamento de impunidad”, prevé el documento. “La búsqueda de toda la verdad y de los restos de los desaparecidos no admitirá descanso, para lo cual se impone asignar esta función a una institución dotada de recursos materiales y humanos suficientes para una tarea de esta envergadura”, se esgrime como argumento.

Ellos dicen
Los diputados Susana Pereira (Movimiento de Participación Popular, MPP) y Jorge Orrico (Asamblea Uruguay, AU) habían sugerido “transitar por el camino” de la inconstitucionalidad, en el sentido de aguardar más fallos de la Suprema Corte para analizar qué hacer con la Ley de Caducidad. Ambos afirmaron no tener postura definida sobre la conformación de un ámbito con ese fin (ver la diaria del 05/04/10). El edil Jorge Meroni dijo ayer a la diaria que el MPP “estuvo de acuerdo” con la conformación de la comisión pero adelantó que fijará posición cuando haya un texto definido. No obstante, añadió que su sector “siempre sostuvo que Uruguay no merece tener esa ley”.

“AU fue a tomar nota de las propuestas que no conocía y está dispuesta a analizarlas, teniendo en cuenta también que ya tuvimos dos instancias de consulta popular [el referéndum de 1989 y el plebiscito de 2009]. Lo que se resolvió es a los efectos de buscar caminos que de alguna forma vayan en dirección de cumplir con el programa”, declaró a la diaria la diputada Daniela Paysée. “En nuestro país todavía no se han curado las heridas porque tenemos una verdad recortada, porque no se puede recordar lo que resta por saber y porque aún no se ha hecho toda la justicia [a la] que las víctimas del terrorismo de Estado tienen derecho. Es necesario asumir que la tarea pendiente sigue siendo enorme”, indica el documento programático.

En tanto, el Partido Socialista había adelantado el martes de la semana pasada su postura favorable a que el Parlamento anule la Ley de Caducidad, mediante una declaración pública que incluía un mandato a su bancada de legisladores de votar en contra de cualquier iniciativa que beneficie con medidas alternativas a la prisión a las personas que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

“No tenga ninguna duda”, afirmó Coitiño cuando se le preguntó si estaba en condiciones de afirmar si una vez que la iniciativa llegara al Parlamento todos los sectores la respaldarán. “Va a ser un mandato”, subrayó.