fruto de la tierra

La papa ocupa el primer lugar dentro de los productos frutihortícolas consumidos en Uruguay; representa aproximadamente en volumen el 30% de la canasta y se utiliza como uno de los principales insumos a la hora de elaborar alimentos.

Un informe de la Dirección General de la Granja señala que en la última década se ha observado un proceso de disminución de la superficie sembrada de papa y un marcado descenso en el número de productores vinculados al cultivo. Por otra parte, se sostiene que los rendimientos por hectárea crecieron en un 37% en los últimos 10 años, asociados entre otras cosas a la utilización de nuevas tecnologías de producción, como es el caso del riego, variedades, mejora en la calidad fisiológica de la semilla, etc. Sin embargo, la producción total ha mostrado una marcada tendencia descendente.

Según datos del monitoreo de papa que realiza Estadísticas Agropecuarias y la Dirección General de la Granja, a julio habían 3.831 toneladas de papa cosechada destinada a semilla, 4.749 toneladas de papa almacenada para consumo y 30.000 toneladas de papa quedaban aún sin cosechar.

Los requerimientos de semilla total (nacional e importada) para los próximos cultivos de primavera y otoño, planteando un escenario de superficie promedio similar a las siembras de años anteriores, se situarían en el entorno de las 13.000 toneladas.

El promedio de importación de papa semilla en los últimos 8 años se sitúa en el entorno a 3.500 toneladas. De la cosecha de otoño se habrían separado 3.831 toneladas con destino a semilla, por lo que restarían 5.670 toneladas de papa semilla, que seguramente se obtendrían de la producción, para completar las 13.000 .

La oferta hacia agosto era de 30.000 toneladas (no habrían sido cosechadas), más 4.750 toneladas almacenadas, a lo que se deberían restar 5.670 toneladas ( para semilla), obteniendo así alrededor de 29.080 toneladas de papa disponibles para el consumo en fresco. Si bien la oferta de papa se situaría en el entorno de 29.000 toneladas, se prevé que la misma registrará una merma de entre el 5 y el 10%, dado que está en la etapa final de conservación, por lo que se llega a una cifra de alrededor de 27.000 toneladas de papa de otoño disponible para el consumo en fresco.

El consumo aparente mensual promedio de papa en fresca en nuestro país se sitúa en las 9.500 toneladas. Aunque en los últimos años hay un proceso de sustitución por papas preparadas (pure y prefritas), que podrían llegar a explicar entre el 20 y el 30% del consumo estimado. Se han importado, desde comienzos de setiembre, 394 toneladas, provenientes de Argentina. En consecuencia, las existencias del producto implican que faltará alrededor de un mes de consumo aparente de papa.

Debemos considerar puntualmente que este año las siembras de primavera, como

consecuencia de los excesos de agua en el suelo, se retrasaron por varias semanas.

Este retraso de las siembras seguramente tendrá repercusión en la fecha de las cosechas, retrasando las mismas hasta comienzos del mes de diciembre, cuando la plaza se encuentre normalmente abastecida con papa proveniente de la zafra de primavera (papa nueva).

SE DISPARÓ LA DEMANDA DE PREFRITAS Y PURÉ

Se estima que las partidas importadas de papas procesadas en diferentes formas, como es el caso de prefritas y puré, equivalen a 40.000 toneladas de papa fresca. Los ingresos de las mismas para que sean comparables con las partidas de producto fresco se deben corregir de acuerdo al rendimiento industrial del procesado.

Según valores reportados, se requieren 2 kg. de papa fresca para realizar 1 kg. de papa prefrita (según Iica), mientras que para realizar 1 kg. de puré deshidratado se necesitan 5,6 kg. de papa (según Knorr). Luego de la crisis del 2003, las importaciones de estos productos se han incrementado en forma exponencial, como muestra la siguiente gráfica.

six feet under.... a la uruguaya

"Nosotros no vamos a cerrar ningún cementerio. No tenemos autoridad ninguna para cerrar nada", dijo a EL PAÍS digital el secretario general de Adeom, Aníbal Varela.

Los trabajadores planean parar las actividades el lunes a partir de las 13 horas para reunirse en asamblea. Durante la misma, no dejarán guardia gremial, por lo cual no se podrán realizar entierros ni velatorios, informó hoy El País.

"Nosotros detenemos la actividad, pero no sabemos hasta cuándo: si es todo negativo lo de la Intendencia, capaz que no nos integramos a trabajar y podemos incrementar las medidas. Y si es por otro lado, podemos levantarla", explicó Varela.

Ayer, los trabajadores se reunieron con la directora del Departamento de Acondicionamiento Urbano, Eleonora Bianchi, pero, según dijo Varela a El País, no hubo ninguna "propuesta concreta", pero las negociaciones quedaron "abiertas" para que antes del lunes se pueda llegar a un acuerdo que haga levantar la medida. "Vamos a trabajar incluso sábado y domingo, si es necesario, para llegar a un acuerdo", comentó. Consultado sobre el mediodía de hoy, el dirigente dijo que aún no hubo respuesta de la comuna, por lo que todavía "no hay ninguna vuelta de tuerca. Estamos esperando con el celular abierto; el sindicato está dispuesto a negociar todo", expresó.

Según Varela, la medida se tomó porque "40 compañeros no tienen viáticos y 120 están trabajando todos los feriados y más del horario".

Ayer el diario Últimas Noticias informó que los funcionarios municipales de Necrópolis sostienen que la IM "rompió de forma unilateral" un convenio firmado en 2003, que asegura el pago por separado de tareas extras. La Intendencia, además, quiere topear el pago de actividades extras en el 70% del sueldo del empleado.

De esta forma, a pesar de las tareas que realicen los funcionarios, no podrán recibir más de ese porcentaje de sus sueldos por el concepto de los pagos extras.

Varela asegura que la situación se arrastra desde el mes de noviembre y a pesar de que asumió una nueva administración no han tenido avances para revertir la situación por eso los funcionarios se "cansaron de esperar".

Bianchi, por su parte, aseveró que el convenio firmado en 2003 entre la administración y los trabajadores continúa vigente y que no se planteó en ningún momento terminar con el mismo.

La jerarca municipal dijo que el conflicto radica en la "incorporación de nuevos trabajadores al convenio" y reconoció que durante un período el tope en el pago de actividades extras en el 70% del sueldo no existió.

De concretarse la medida de los trabajadores, afectará los cementerios del Buceo, del Cerro, del Norte, Central y de La Teja, además de las salas velatorias.

caducado

“Así como hubo dos plebiscitos en los que la ciudadanía resolvió no derogar la ley, me parece que lo más ortodoxo sería que se reuniera el 25% de las firmas de los ciudadanos para plebiscitar el proyecto interpretativo. Esa es mi posición y así lo he transmitido, como un insumo más", indicó Korzeniak a Ultimas Noticias. El ex senador socialista realizó su planteo ante la consulta de dirigentes del FA que le pidieron sugerencias para "reducir los flancos débiles" del proyecto de la izquierda.

La idea no será tomada en cuenta por la dirigencia frenteamplista. Esta noche la comisión especial designada por la Mesa Política para abordar el tema intentará llegar al texto definitivo. En principio, se eliminará la palabra "auténtica" de la parte donde se describen las características de la interpretación del texto constitucional y también se buscará dejar claro que no existe intención de incidir sobre las decisiones que adopte el Poder Judicial.

La comisión del FA pretende devolver el texto de inmediato al Parlamento para que el lunes lo vote la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados y el miércoles se convoque a una sesión extraordinaria de la Cámara para su aprobación por mayoría. "El proyecto ya fue estudiado por la Comisión y se trabaja sobre las sugerencias y observaciones que hicieron los catedráticos convocados. No hay más que hacer algunos ajustes de corte literario", aseguró el diputado Carlos Coitiño. Para el legislador, se trata de "una interpretación necesaria", por lo que, más allá de las objeciones que puedan existir, confía en que "primará la conciencia y más de uno lo va a acompañar. El FA no se puede meter en este momento en el camino de intentar otro plebiscito".

El análisis que esta noche realizará la comisión frentista tampoco incluirá los cambios sugeridos por Korzeniak en lo que refiere al contenido del proyecto. "Nosotros no trabajamos sobre ninguna alternativa. Los cambios serán de carácter técnico y, aunque puede haber otras opiniones, el proyecto es el que está y cuenta con el respaldo de toda la fuerza política y el gobierno", comentó el diputado Felipe Michelini.

Korzeniak dijo que realizó sugerencias respecto a la necesidad de limitarse a interpretar el artículo 72 de la Constitución sin aludir de manera directa a la Ley de Caducidad y su "inaplicabilidad". Entendió que una alusión de ese tipo "puede resultar invasiva de los fueros del Poder Judicial y terminar con un dictamen de inconstitucionalidad".

El artículo 72 establece el carácter constitucional del proyecto respecto a los "derechos inherentes a la personalidad humana", pero no aclara cuáles son. Korzeniak sugirió establecer que los derechos humanos contemplados por los tratados internacionales están dentro de esa categoría. "De esa manera se daría a esos tratados específicos un carácter constitucional, superior a cualquier ley y la norma podría ser aplicada para anular los efectos de la Ley de Caducidad. Me parece que es una idea más votable, que deja menos flancos abiertos", advirtió.

mírame bien che !

Este martes volvió a reunirse la Comisión Investigadora que analiza a nivel parlamentario cómo se llegó a derogar el artículo 76 de la ley 2230, que como consecuencia dejó libre de antecedentes a los hermanos Peirano.

En el ojo de la tormenta se puso al ex secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández pues mientras en el Legislativo se derogaba este artículo él mismo figuraba como abogado patrocinante de uno de los directores el ex Banco Montevideo, Juan Domingo Ratti.

Tras su comparecencia Fernández hizo breves declaraciones a la prensa que recogió Radio El Espectador, señalando que en esta instancia fue interrogado "por minucias", pues aseguró que está "todo más que claro".

Por otro lado, según información que publica el diario El País en el día de hoy, "Fernández admitió que en las anteriores comparecencias no tenía presente el documento firmado donde aconseja derogar el artículo 76. ´Luego me vino a la cabeza que la derogación podía rozar la causa (de los Peirano). Llamé a Astori y le advertí´, dijo Fernández a los senadores".

La visión de la oposición

Una opinión bien diferente es la del senador nacionalista Carlos Moreira, que integra la Comisión Investigadora, y para quien "Gonzalo Fernández dio su versión tratando de decir que no había tanta contradicción entre él y el vicepresidente Danilo Astori".

Tal como figura en el trámite del Proyecto Concursal, Gonzalo Fernández solicitó "el 19 de julio de 2006 derogar el artículo 76 de la ley 2230", pero durante la comparecencia dijo que "no recordaba haber hecho ese pedido". "El informe está y la advertencia (sobre las consecuencias de esa derogación) fue posterior. ¿Por qué no pensó lo mismo cuando hizo el informe?", se preguntó Moreira.

Por esa razón el legislador afirma que sigue "observando las mismas contradicciones" y entiende que "hay una incongruencia entre sus declaraciones y la realidad. No se ajusta a lo que figura en los documentos", señaló.

Además, teniendo en cuenta la formación con la que cuenta Gonzalo Fernández "me resulta difícil comprender (el olvido), sobre todo tratándose de un hombre con toda la versación jurídica con la que cuenta Férnandez".

La Comisión Investigadora ya recogió todos los testimonios necesarios y sólo le resta recibir el informe de la Suprema Corte de Justicia para elaborar un análisis final. Dentro de 15 días deberá presentar ese informe ante el Senado.

privados 222

El gobierno no tiene un plan B en caso que los privados no puedan absorber la tarea que dejará en enero el servicio policial 222. Las empresas de seguridad admiten que tienen problemas para la contratación de nuevo personal.

A partir del 1° de enero de 2011 algo más de 75.000 horas mensuales de vigilancia pasarán del servicio policial 222 al sector privado. Es la primera etapa de un proceso de descompresión del servicio que al final del quinquenio determinará una quita de dos tercios de las "horas extra" policiales.

Las empresas de seguridad privadas tienen dudas sobre la posibilidad de absorber tanto trabajo. El miércoles y viernes de la semana pasada el Ministerio del Interior reunió a las empresas para informarles los alcances de la medida. En el correr de los próximos días éstas darán a conocer oficialmente su posición.


El secretario de la Federación de Empresas de Seguridad (Fudes), Jorge Lewis, dijo a El País que podrán absorber la tarea en esta primera etapa, no obstante puntualizó que más adelante pueden generarse dificultades para conseguir personal especializado.

El director del Registro Nacional de Empresas de Seguridad (Renaemse), Juan Carlos Vázquez dijo a El País que la caída en el desempleo y la alta demanda de mano de obra en la contratación les ha quitado posibilidad de contratar personal. "La seguridad es el último lugar al que se recurre antes del desempleo", reconoció Lewis.

No obstante, el gobierno no tiene un plan B. "La ley debe cumplirse, ante una situación operacional negativa el legislador va a tener que someter (la norma) a estudio y cambiar el rumbo, mientras tanto no se puede hacer futurología", señaló a El País el jerarca policial.

Por otro lado, las empresas consideran que enero es un mes "complicado" para absorber la nueva tarea, debido a que están en plena temporada. "En ese mes se hace entre 8% y 10% más servicios. Mucha gente sale de licencia", dijo Lewis.

"El problema es que la ley entra en vigencia en el mes de enero, no hay opciones", aclaró Vázquez.

Según cálculos de las empresas, la descompresión del servicio 222 implicará la creación de unas 320 nuevas plazas laborales en el sector.

Durante esta semana los comisarios de las distintas reparticiones informarán a sus superiores la disponibilidad de horas de 222 que tendrán a partir de enero. La reglamentación indica que aquellos policías que venían haciendo 200 horas mensuales pasan a hacer 150.

Los soldados voluntarios que ingresen al Ministerio del Interior podrán hacer hasta 50 horas mensuales de 222.

"Ahora las empresas tienen la palabra para saber si pueden cumplir con el servicio. Darán su opinión y plantearán sus inquietudes, el gobierno las tomará en consideración en la medida que entienda pertinente", dijo Vázquez.

El último relevamiento de Renaemse arrojó que el sistema integra a 16.003 personas, mientras que el Ministerio del Interior cuenta con 27.000 policías, de los cuales 21.000 están dedicados a tareas ejecutivas.

La normativa prohíbe a los policías trabajar como guardias privados; en caso de incumplir la reglamentación los agentes serán expulsados de la fuerza.

La descompresión del servicio 222 no implicará cambios en la habilitación del personal de las empresas privadas.

Vázquez señaló que tampoco se generarán variaciones en el ámbito de acción de las empresas que trabajan con personal armado. Les está expresamente vedado realizar guardias en lugares públicos, la única excepción es en el transporte de caudales.

"La población ganará en calidad de servicio, el policía tendrá más tiempo para descansar y dedicar a su familia", sostuvo Vázquez.

Sindicato. Durante esta semana se reunirá la dirección de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Policiales (Conasip) para resolver radicalizar las medidas contra el gobierno por entender que se busca "privatizar" la seguridad pública y eliminar la posibilidad de hacer horas extra con el servicio 222.

En ese sentido, no descartan realizar cortes de ruta, movilizaciones frente al Ministerio del Interior o levantar carpas frente a dependencias policiales.

Voceros de la Federación Nacional de Sindicatos Policiales salieron a aclarar que las medidas a estudio de Conasip no tienen su respaldo. La Conasip solicitará apoyo al Pit-Cnt.

Servicio privado
El empresario Jorge Lewis manifestó su acuerdo con el pasaje de los servicios de vigilancia que manejan funcionarios policiales al ámbito privado. Tradicionalmente las empresas han dicho que el servicio 222 les significa una competencia desleal. "El 222 no deja de ser un servicio de seguridad privada que se realiza con personal y materiales del Estado", afirmó.

sin terapia intensiva

Con el comienzo hoy de medidas en el CTI del hospital de Paysandú, los trabajadores dependientes de las Comisiones de Apoyo inician una ofensiva sindical que llevará a la reducción de ingresos en los centros de tratamiento intensivo de varios establecimientos, entre ellos los niños y recién nacidos del Pereira Rossell. Las medidas en este establecimiento comenzarán mañana al igual que en el Hospital Pasteur. El miércoles la medida se extenderá a Florida. Las medidas son por tiempo indeterminado.

"A partir del 12 de octubre la medida se extenderá a los CTI del Pasteur y el Pereira Rossell" indicó a Ultimas Noticias el secretario general de la Asociación de Funcionarios de Asse (Afasse), Luis Pérez, ante lo que considera como falta de avances en las negociaciones con el gobierno.

En los Centros de Tratamiento Intensivo (CTI) de niños y recién nacidos del Pereira Rossell y en el Hospital Pasteur los funcionarios reducirán la dotación de personal, trabajando con menos personas, con guardias de retén.

Mientras en las Puertas de Emergencia de ambos hospitales se disminuirá el número de camas progresivamente y se adecuará la atención de acuerdo a la cantidad de personal disponible. El miércoles comenzarán las medidas en el hospital de Florida.

Las medidas podrían traer como consecuencia el traslado de niños y adultos a otros establecimientos.

el aviador

Los gobiernos de las ciudades que están en la triple frontera propusieron al presidente José Mujica la construcción de un puente internacional. El intendente de la ciudad argentina de Monte Caseros, Eduardo Galantini, contó a No toquen nada que este tema se viene trabajando desde hace 15 años y, luego de estar un tiempo detenido, se retomó. “A Mujica le intereso mucho la idea, creo que estamos avanzando con más rapidez que en otros años”, señaló.

Publicado el: 8 de octubre de 2010 a las 17:05
Por: Redacción 180
La presentación de la propuesta a Mujica se dio durante el desarrollo del Consejo de Ministros abierto en el departamento de Artigas. La intendenta Patricia Ayala, junto al intendente de la ciudad de Monte Caseros, Eduardo Galantini, y el prefecto de la Barra do Quaraí, Maher Jaber, entregaron una carta al presidente titulada: Construcción de puente internacional en la triple frontera Argentina, Brasil, Uruguay.

Según se fundamentaba en la carta, el puente permitirá una “fluida comunicación entre los núcleos urbanos existentes”. Por ejemplo, entre Monte Caseros y Bella Unión ya existe un cruce que se realiza con lanchas. “Pero el puerto se cierra a las cinco de la tarde y es todo muy limitado a un tráfico vecinal-comercial”, dijo el intendente de Monte Caseros.

Entre Bella Unión y la ciudad brasileña de Quaraí existe un pequeño puente. Pero este que se propone uniría la las ciudades de Bella Unión en Artigas y Monte Caseros de la provincia de Corrientes, Argentina. La obra serían dos puentes de 300 metros cada uno, porque hay una isla en el medio que es por donde estarían conectados.

El intendente de Monte Caseros dijo a No toquen nada que la propuesta se viene trabajando desde hace 15 años, con “altibajos”. Galantini volvió a ser electo intendente hace ocho meses y dijo que retomó el tema que hacía ocho años que no se tocaba. También presentó el proyecto en el Parlamento argentino cuando fue diputado nacional.

Según dijo Galantini, al presidente Mujica “le intereso mucho la idea”. “Creo que estamos avanzando con más rapidez que en otros años. Estamos entusiasmados porque tenemos presidentes progresistas y los intendentes queremos acompañar el proceso. Creo que hay oportunidades para hacer la obra y si se deberían aprovechar”, expresó.

El intendente de Monte Caseros señaló que no existe todavía un estudio de factibilidad del proyecto, porque la empresa que se comprometió a hacerlo, luego lo desestimó cuando vino la crisis de 2002. De todas maneras, hay una estimación de lo que sería el costo de la obra que rondaría los 25 millones de dólares.